Redacción
El Ministerio de Sanidad anunció el pasado mes de marzo que estaba ultimando la redacción del futuro Plan estatal de preparación y respuesta frente a amenazas graves para la salud, como las pandemias, seis meses después ha sacado a audiencia pública el proyecto de Real Decreto del plan, que busca mejorar la capacidad de respuesta y la coordinación entre agentes y autoridades implicados en la gestión de emergencias y amenazas de salud pública.
La elaboración de este plan fue uno de los puntos recogidos en el Dictamen de la Comisión de Reconstrucción del Congreso de los Diputados por la pandemia de Covid-19. En mayo de 2023, Sanidad sacó a consulta pública previa la elaboración del proyecto para recibir propuestas y aportaciones. El proyecto de Real Decreto publicado este lunes es el resultado de la redacción elaborada por Sanidad y de las aportaciones recibidas.
El plan frente a pandemias incluye amenazas de origen biológico, químico, ambiental, nuclear y radiológico, así como aquellas de origen desconocido
Tal y como recoge Europa Press, el Real Decreto atribuirá al titular del Ministerio de Sanidad la potestad de declarar una emergencia de salud pública de importancia nacional, que podrá hacerlo en base a la valoración de un comité asesor independiente, en coordinación con el Comité técnico del Sistema de Alerta Precoz y Respuesta Rápida, sobre si una amenaza puede constituir una emergencia de este tipo, proponiendo posibles medidas de respuesta de salud pública.
La ley, a la que se podrán enviar aportaciones hasta el 6 de octubre, ha incluido en las amenazas a aquellas de origen biológico, como enfermedades transmisibles (incluidas las de origen zoonótico), resistencias antimicrobianas e infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria o biotoxinas y otros agentes biológicos no relacionados con enfermedades transmisibles.
El Plan frente a pandemias establece mecanismos de gobernanza, de capacidades y de recursos para garantizar la respuesta a amenazas graves para la salud
El texto ha introducido otras amenazas de origen químico; de origen ambiental, incluidas aquellas relacionadas con el cambio climático; de origen nuclear y radiológico; de origen desconocido; y aquellas situaciones que puedan suponer una crisis con gran impacto en el sistema asistencial.
Mecanismos de gobernanza para responder
Uno de los principales objetivos es establecer diferentes mecanismos de gobernanza, de capacidades y de recursos necesarios para garantizar la respuesta a este tipo de desafíos que puedan llegar a desbordar las funciones y capacidades específicas de los diferentes departamentos y administraciones estatales, autonómicas y locales.
El documento establece una estructura organizativa para la planificación de la preparación y la respuesta; mecanismos y capacidades de detección y evaluación de riesgos por el sistema de alerta precoz y respuesta rápida; niveles de riesgo de las amenazas para la salud pública y la evaluación y presentación de informes sobre el estado de la preparación y respuesta. También define la declaración de una emergencia de salud pública de importancia nacional (ESPIN).
Sanidad ha propuesto crear una Comisión Estatal de Coordinación como órgano de participación de la Administración General del Estado
Sanidad también busca adecuar la legislación nacional a la que existe a nivel europeo, el Reglamento (UE) 2022/2371 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de noviembre de 2022 sobre las amenazas transfronterizas graves para la salud.
Así, se ha descartado mantener la actual situación porque supondría «carecer de planificación» frente a una situación de amenaza grave, lo que pondría en riesgo la salud de la población, y es que la pandemia de Covid-19 «puso de manifiesto» la necesidad de crear precisamente una serie de mecanismos que eviten crisis sanitarias de este tipo.
Para proporcionar una respuesta rápida, garantizar la coordinación y fomentar el intercambio de información a diferentes niveles, Sanidad ha propuesto crear una Comisión Estatal de Coordinación como órgano de participación de la Administración General del Estado.
Esta Comisión estará formada por representantes de todos los órganos y direcciones generales dentro del Ministerio de Sanidad, además de la persona titular del Ministerio y de la Secretaría de Estado de Sanidad, por representantes de 16 ministerios (según está conformado actualmente el Gobierno), de la dirección del Instituto de Salud Carlos III y de Protección Civil y Emergencias, y representantes de Inspección General de Sanidad de la Defensa y Secretaría de Estado de Comunicación, Consejo de Seguridad Nuclear y Departamento de Seguridad Nacional.
Ganará peso en la coordinación y gestión en el ámbito asistencial el Consejo Interterritorial a través de sus comisiones, ponencias, comités y grupos de trabajo
Del mismo modo, se impulsará la coordinación y gestión de las actuaciones en el ámbito asistencial a través de las Comisiones, ponencias, comités y grupos de trabajo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS).
Toda esta respuesta requerirá igualmente de definir las necesidades y los mecanismos de coordinación en la adquisición y almacenamiento de contramedidas médicas en las diferentes administraciones, favoreciendo su desarrollo, fabricación y distribución equitativa para asegurar el acceso a las mismas cuando se requiera.
Además, se buscará que la evaluación de riesgos para la salud pública sea transparente y basada en principios de excelencia, independencia e imparcialidad, para lo que se establecerán redes de instituciones y expertos, que también garantizarán una comunicación «rápida» con el público y los profesionales sanitarios.
Este proyecto se enmarca en la Estrategia de Salud Pública 2022 y pretende tener un alcance multisectorial, multinivel e interdisciplinar, con un enfoque de equidad y considerando aspectos relacionados con las ciencias del comportamiento social, a través de un enfoque transversal e integrador basado en el enfoque de Una Sola Salud (One Health).
