Luis de Haro. Director general de iSanidad
La expresión “la salud pública debería estar por encima de la política” se repite con frecuencia en discursos institucionales, pero la realidad demuestra lo contrario. El reciente conflicto entre el Ministerio de Sanidad y varias comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular ha escalado hasta la amenaza de acciones legales. Lo que debería ser una colaboración técnica para mejorar los cribados de cáncer se ha convertido en un pulso institucional que judicializa la gestión sanitaria.
Lo que debería ser una colaboración técnica para mejorar los cribados de cáncer se ha convertido en un pulso institucional que judicializa la gestión sanitaria
El problema es principalmente político, pero buscando inclinar la balanza a través de la justicia. El Ministerio, liderado por Mónica García, ha solicitado datos sobre cribados a las comunidades y algunas se niegan alegando que se usarán con fines partidistas. En respuesta, el Ministerio ha iniciado un procedimiento formal que podría derivar en acciones legales. Las amenazas y acusaciones mutuas revelan una profunda crisis de confianza y coordinación. Ahora se está imponiendo el “todo vale para salirme con la mía”.
Hay cuatro síntomas claros del uso político de la sanidad: la falta de coordinación real entre administraciones sanitarias, ya que, aunque existe el Consejo Interterritorial, no hay una plataforma común ni indicadores homogéneos para evaluar los cribados, lo que mantiene la gestión fragmentada; la desconfianza mutua, porque las comunidades sospechan que el Ministerio instrumentaliza los datos mientras este cree que las comunidades ocultan información, bloqueando cualquier avance técnico; la debilidad estructural, reflejada en la ausencia de herramientas digitales compartidas y de una cultura de evaluación basada en evidencia, lo que subordina la técnica al interés político; y la instrumentalización de la transparencia, pues ambas partes se acusan de opacidad sin ofrecer soluciones técnicas claras, convirtiendo la transparencia en un arma política en lugar de un valor.
Falta de coordinación real entre administraciones sanitarias, desconfianza mutua, debilidad estructural e instrumentalización de la transparencia son muestras del uso político de la sanidad
Este conflicto demuestra que la salud pública debería estar por encima de la política, pero no lo está. Judicializar la colaboración entre administraciones no resolverá el problema de fondo, muy al contrario, lo agrava porque la sanidad necesita acuerdos técnicos, no litigios. La sociedad espera que sus instituciones trabajen juntas para mejorar la prevención, el diagnóstico y el tratamiento. Pero mientras se judicializa la gestión, se pierde tiempo, recursos y confianza. Es la mejor forma de poner en riesgo la eficacia del sistema.
Es urgente sacar el sistema sanitario de las manos de los políticos y construir una gobernanza basada en datos, evidencia científica y cooperación institucional. El sistema sanitario, con sus pacientes y profesionales no puede seguir siendo rehén de la confrontación partidista actual.
