Redacción
El Ministerio de Sanidad ha informado este jueves del inicio de la fase de audiencia pública para el proyecto de real decreto que regulará la electrodependencia. Uno de los principales objetivos de esta normativa es proteger a los electrodependientes ante cortes del suministro.
Pero además el texto legislativo establecerá la definición de persona electrodependiente y los criterios que acreditan la situación de electrodependencia en pacientes que dependen de equipamiento eléctrico indispensable para mantener sus funciones vitales.
Una vez abierto el plazo para que los colectivos interesados puedan remitir sus aportaciones, paso previo y obligatorio en el proceso legislativo posterior, este estará abierto hasta el 30 de marzo y a través del correo electrónico normativa-sgca@sanidad.gob.es. A este podrán dirigirse organizaciones, asociaciones interesadas y ciudadanía en general.
Sanidad recuerda que, hasta el momento, no existe una definición normativa precisa ni un procedimiento sanitario regulado para acreditar una situación de electrodependencia
En este contexto, el citado departamento ministerial ha afirmado que, hasta el momento, no existe una definición normativa precisa ni un procedimiento sanitario regulado para acreditar esta situación, lo que genera un vacío legal que esta iniciativa pretende resolver. Así, establecerá una definición clara de persona electrodependiente, fijará las condiciones y criterios de acreditación y regulará el procedimiento y la documentación necesaria para la certificación sanitaria correspondiente, recoge Europa Press.
La futura normativa da cumplimiento a la disposición final tercera de la Ley 3/2024, de 30 de octubre, que modificó el Real Decreto 897/2017 para incorporar la figura de la persona electrodependiente dentro de las categorías de consumidores vulnerables del sistema eléctrico.
Responsabilidades y garantías
Junto a ello, Sanidad ha declarado que este real decreto permitirá clarificar las responsabilidades de las distintas Administraciones públicas implicadas y reforzar las garantías asociadas al suministro eléctrico. También, consolidará un marco jurídico que equipare la protección de las personas electrodependientes a la reconocida para otros colectivos vulnerables, avanzando en equidad y en la garantía efectiva del derecho a la salud.
Con todo, ha asegurado que se fortalece la coordinación entre el ámbito sanitario y el energético, asegurando que la dependencia crítica de equipamientos eléctricos por motivos de salud quede adecuadamente reconocida y protegida. Las interrupciones del suministro eléctrico han puesto de manifiesto la vulnerabilidad de las personas electrodependientes y la necesidad de reforzar su protección normativa.
