El Hospital Sant Joan de Reus (Tarragona) deberá revisar 1.700 historias clínicas, pasar consulta a 250 afectados y operar de nuevo al menos a 20 personas porque se desconoce si el material que les ha sido implantado cumple los mínimos requisitos de seguridad, según fuentes de la investigación sanitaria en marcha.
Y es que el Hospital de Reus, de titularidad pública, se encuentra en el foco de una investigación judicial después de que se haya conocido que sus médicos compraran a la empresa Traiber prótesis ortopédicas defectuosas y caducadas, tal y como informa este pasado fin de semana el diario El País, tras recibir “presiones” de altos cargos municipales de CiU.
Los hechos alcanzaron su cénit el pasado 28 de abril con la detención de la primera teniente de alcalde de la ciudad, Teresa Gomis (CIU) y del propietario de Traiber, Lluís Márquez, ambos acusados de un delito contra la salud pública. El juez ve indicios de delito contra la salud pública (entre otras acusaciones) por las presuntas presiones de la primera teniente de alcalde a los responsables del hospital para que el centro volviese a comprar prótesis de Traiber, según declaró el propio Márquez.
La alerta sanitaria que, fue lanzada seis meses antes por la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS), ordenó la retirada de todos los productos de la empresa por estar “fabricados sin licencia” y no contar con “el certificado de conformidad CE”, lo que suponía “un riesgo grave para la salud de los pacientes”.
Como informa El País, fueron los propios trabajadores de Traiber los que pusieron en conocimiento del caso a la AEMPS. Según el relato que cuentan, que consta en la investigación en marcha, la empresa entró en un callejón sin salida, y es que “los responsables de la empresa habían cruzado todos los límites éticos y legales”. A medida que caían los ingresos después de vivir épocas de bonanza económica, la compañía era incapaz de hacer frente a la competencia del sector.
Como explican, los ya ex trabajadores de Traiber, “de fabricar productos con componentes punteros, los jefes pasaron a comprar a proveedores cada vez más baratos”. Posteriormente, señalan como “dejaron de fabricar y empezaron a reutilizar muestras no destinadas a pacientes. Lo último fue vender piezas caducadas de hacía años con los precintos alterados”.
La Generalitat de Cataluña lanza la alerta sanitaria ante la gravedad del caso
Estas fuentes citadas por El País señalan que la situación por la que estaban pasando y que “denunciarlo no era fácil”, y es que “la empresa estaba mal y con esto la hundíamos. También era nuestro pasaporte al paro”, pero la situación era insostenible, siendo “la gota que colmó el vaso saber que algunos pacientes empezaron a sufrir complicaciones graves”, afirman.
La denuncia que, finalmente interpusieron ante la AEMPS el pasado mes de octubre, fue derivada a la Inspección Sanitaria de la Generalitat que, en unos días, al comprobar la gravedad de los hechos, lanzó la alerta sanitaria.
La Fiscalía de Tarragona hace constar al respecto “una denuncia ante la Agencia Española del Medicamento que da lugar a una inspección de la Generalitat en la que se hace constar la existencia de prótesis en mal estado en Traiber. Algunas de esas prótesis, incluso colocadas a pacientes, prótesis de baja calidad, con fallas en las condiciones higiénicas de su producción, así como la alteración de los precintos de caducidad de las mismas, de forma que se venden piezas caducadas como si estuvieran en estado correcto”.
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