El Colegio de Dentistas de Las Palmas de Gran Canaria ha logrado dos sentencias favorables en tres semanas por intrusismo y estafa; la primera contra el propietario de una clínica dental que ejercía como dentista sin tener la titulación, y la segunda contra un protésico dental que ya había sido condenado cinco años atrás, también por delito de intrusismo.
Tal y como informa la entidad colegial, en uno de los casos la sentencia en firme del Juzgado de lo Penal número 6, dictada el día 19 de mayo, condena a tres meses de prisión por un delito de estafa y a una pena de multa de seis meses, a razón de una cuota diaria de 10 euros, lo que totaliza un importe de 1.800 euros, por un delito de intrusismo, al propietario de una clínica dental que, ubicada en Las Palmas de Gran Canaria, ejercía como dentista sin poseer la titulación requerida para ello.
Al respecto, el Colegio argumentó que en España no es necesario ser odontólogo para abrir una clínica dental, aunque en este caso, el propietario había sido denunciado por la colocación defectuosa de ocho fundas a un paciente, que además de desprenderse, le causaron dolores y problemas bucodentales, y por las que pagó 5.400 euros.
La sentencia tuvo en cuenta la atenuante de reparación del daño, tras el acuerdo de las partes, y la rebaja por parte de la fiscalía, así como el Colegio de Dentistas, como acusación particular, de su petición de un año de cárcel a tres meses.
Por otra parte, el Juzgado de lo Penal número 4 de Las Palmas de Gran Canaria, condenó en firme el pasado día 8 de junio por la falta de estafa y delito de intrusismo a un protésico dental que ejercía labores de odontólogo en su vivienda particular.
El caso de este último acusado llama la atención, y es que se trata de un reincidente en el ejercicio fraudulento de la profesión de dentista, que en 2011 ya había sido condenado en 2011 por delito de intrusismo, estafa y falta de lesiones en sentencia del Juzgado de lo Penal número 6, y en sentencia de 2011 en el mismo Juzgado por delito de intrusismo.
En concreto, en esta última ocasión, había sido investigado por la querella interpuesta por el Colegio de Dentistas por colocar una prótesis defectuosa a una paciente que le abonó 210 euros y por realizar un tratamiento de ortodoncia a un menor, por el que percibió 250 euros. A este último, se la “surrealista” circunstancia de que el falso dentista llegó a atenderlo en un bar cercano a su domicilio.
La pena de prisión asociada al delito de estafa, que va desde los seis meses a los tres años de cárcel, requiere de un perjuicio económico superior a los 400 euros. Por lo que en este caso, al tratarse de una cantidad inferior, se condenó al acusado a una falta de estafa y a una pena de dos meses multa con cuota diaria de 10 euros, lo que totalizó un importe de 600 euros.
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