Las agresiones a los profesionales sanitarios, y en concreto a los facultativos, son más frecuentes en el medio público que en el privado. Suelen ocurrir más frecuentemente en la Atención Primaria y en la Urgencia Hospitalaria, y la soledad del profesional frente al agresor hace que la agresión sea más fácil que cuando el facultativo está acompañado por otros miembros de su equipo.
En los centros privados, los pacientes acuden con unas expectativas diferentes. Pueden elegir el centro al que quieren acudir e incluso al profesional que les atenderá. En la medicina privada se mima el trato al paciente, a veces hasta lo absurdo e infinito, anteponiendo sus peticiones y exigencias al sentido común y al rigor científico. Se aplica aquel lema publicitario de que “el cliente siempre tiene la razón”. A pesar de todo ello, agresiones hay, porque personas maleducadas y violentas hay en todas partes.
Pero existen en nuestro sistema sanitario algunos centros híbridos entre lo público y lo privado, donde el acceso es universal y gratuito (servicio público) pero la gestión de los recursos es privada (centros concertados y de gestión indirecta). Aquí se convive con los dos escenarios, la medicina de batalla y trinchera con numerosos pacientes exigentes y poco tolerantes, y la medicina de sonrisa de cara a la galería. En estos centros las agresiones son probablemente más frecuentes que en la privada pura, pero menos que en la pública clásica.
Independientemente de las causas y ambientes sanitarios y de la frecuencia y severidad, agresiones hay en todos los ámbitos sanitarios. Sin embargo, y aunque una agresión es una agresión, ocurra donde ocurra, las consecuencias no son las mismas.
En una reciente revisión del Código Penal, se ha conferido al médico que ejerce en la sanidad pública la condición de autoridad pública. Esto significa que atentar contra él es atentar contra la autoridad, por lo que las sanciones y penas son más severas que si el delito se comete contra un profesional que no sea considerado autoridad. Según la jurisprudencia, la consideración de autoridad pública es independiente de la relación contractual del facultativo con la Administración, es decir, que los médicos no fijos también son considerados autoridad.
Entonces, ¿qué ocurre con los que ejercen en centros concertados o de gestión indirecta? ¿Son también autoridad? Yo entiendo que así deberían ser considerados, pues el servicio que se presta es público y el paciente no es capaz de discriminar la titularidad del centro, pues los únicos rótulos que aparecen en las fachadas, cartelería e incluso vestimenta del personal sanitario, son los del sistema público. En cualquier caso, la consideración de autoridad o no quedaría a merced del criterio del juez y de la interpretación que hiciese de la jurisprudencia.
Y ahora, ¿qué ocurre con los médicos que ejercen en la privada? ¿No es la relación médico-paciente igual que en la sanidad pública? ¿No son los médicos una autoridad moral en la penosidad de la pérdida de la salud y la lucha contra la enfermedad? ¿Una agresión física o psicológica no es igual para el que la recibe? ¿Por qué no es igual para el que la comete? Sin entrar a criticar la modificación del Código Penal, pues es una mejora evidente para un gran número de facultativos, deberíamos valorar en qué se basan para considerar al médico autoridad pública sólo cuando es funcionario. ¿Es el ejercicio en la pública lo que lo justifica, o es el ejercicio como médico la base para su consideración como autoridad?
Creo sinceramente que el médico, ejerza donde ejerza, es una autoridad moral ante el paciente, y las agresiones, que me resultan intolerables, deberían tener las mismas consecuencias legales para el agresor, ocurran donde ocurran.
Ojalá nuestros jueces y legisladores tomen nota y hagan extensiva la consideración de delito contra la autoridad a todos los médicos que sufran una agresión, pues el daño para el profesional es el mismo y merece la misma reparación.
..Dra. Mónica Alloza Planet. Vocal AMYTS de Sanidad privada
