Silvia Roxana Silvestre, médico ecuatoriana, especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, ha presentado una demanda contra la Consejería de Sanidad Universal y Salud Pública de la Comunidad Valenciana por su despido mientras hacía el MIR en la Unidad Docente de Castelló, en el Hospital de La Plana el pasado 30 de junio.
Y es que como informa la edición digital de Levante-EMV la denunciante sostiene que empezó el MIR el pasado mayo de 2014, con un contrato para especialidades en la Unidad Docente de Castelló. Cuando se produjo el despido estaba culminando el programa en el Hospital de Vinaròs.
“A raíz de todo este proceso de malos tratos, agresiones verbales y acoso laboral, por parte de responsables del área de Urgencias y de mis compañeros, llegué a enfermar”, afirma la facultativa. Ante esta situación, explica que presentó “un escrito a Sanidad solicitando el cambio de centro, pero me lo denegaron. Pero fue la comisión de la Unidad docente de Castelló, la que acordó mi cambio al Hospital Comarcal de Vinaròs, en febrero de 2016”.
Aunque el traslado a Vinaròs, en un principio supuso una mejora en “el ambiente”, añade que “fue el coordinador de residentes el que opuso mayor resistencia a mi presencia, y enviaba informes negativos al jefe de la Unidad Docente”.
Sanidad indica que la causa del despido fue por “una evaluación negativa no recuperable”
Sanidad, como indica Levante-EMV, sostiene como causa del despido “una evaluación negativa no recuperable”, lo que implica su cese como residente de Medicina Familiar y Comunitaria. Mientras que la médico mantiene que esa prueba “no tiene validez legal” y que la rescisión de su contrato, los motivos reales obedecen al “hostil ambiente en el lugar de trabajo, donde sufrí malos tratos, acoso laboral, discriminación y racismo”.
El juicio por esta demanda está fijada para el próximo lunes 11 de diciembre en el Juzgado de Lo Social número 4 de Castellón. El abogado de la médico solicita que se declare nulo el despido, ya que se produjo una vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva que recoge el artículo 24 de Constitución, y una indemnización por daños y perjuicios de 20.000 euros.
..Redacción
..Redacción
