Tras el esfuerzo realizado por los europarlamentarios españoles, el Parlamento Europeo ha reconocido la especial naturaleza de las profesiones sanitarias, en línea con la reciente petición realizada por el Consejo General de Colegios de Médicos, a través de su vicepresidente 1º, Dr. Tomás Cobo, que se reunió, recientemente, en Bruselas con miembros de la Comisión Europea, del Parlamento Europeo, y ante la representación permanente de España en la UE para pedir la exclusión de las profesiones sanitarias del test de proporcionalidad con el fin de salvaguardar su autorregulación.
La Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor del Parlamento Europeo (IMCO) votó el pasado lunes la propuesta de Directiva del Test de Proporcionalidad que, gracias a las enmiendas de compromiso presentadas por el eurodiputado Antonio López-Istúriz, recoge la especial naturaleza de las profesiones sanitarias. El resultado de la votación se saldó con 33 votos de diputados a favor, de los 39 que componen la Comisión.
Tanto el Grupo Parlamentario Popular como el socialista han apoyado esta demanda
Tanto el Grupo Parlamentario Popular, representado por el eurodiputado Antonio López-Isturiz White, como el Grupo Parlamentario Socialista, integrado por los eurodiputados Soledad Cabezón y Sergio Gutiérrez, han apoyado esta demanda de las profesiones sanitarias, consiguiendo finalmente que, aunque no se recoja le exclusión de las profesiones sanitarias, sí se reconozca su naturaleza especial y su régimen diferenciado tal y como ya prevé la normativa y jurisprudencia europeas.
Así lo establecen las dos enmiendas aprobadas: 4.6 nuevo: “Los Estados miembros deben tener en cuenta el acervo comunitario, en particular, la naturaleza específica de las profesiones sanitarias, reconocidas en diferentes actos jurídicos y decisiones judiciales, y deben garantizar en primer lugar, a nivel nacional, el objetivo de un alto nivel de protección de la salud humana”.
Artículo 6.1: “Los Estados miembros velarán por que las disposiciones legislativas, reglamentarias o administrativas que restrinjan el acceso a las profesiones reguladas que introduzcan o que persigan dichas profesiones y que las modificaciones que introduzcan en las disposiciones existentes sean adecuadas para garantizar el logro del objetivo perseguido y no vayan más allá lo que es necesario para alcanzar ese objetivo. En esa evaluación, los Estados miembros deben tener en cuenta el acervo comunitario, en particular, la naturaleza específica de las profesiones sanitarias, reconocidas en diferentes actos jurídicos y decisiones judiciales, y deben garantizar en primer lugar, a nivel nacional, el objetivo de un alto nivel de protección de la salud”.
La Comisión Europea presentó, el pasado mes de enero, una nueva propuesta de directiva sobre la aplicación de un mecanismo de evaluación de las nuevas regulaciones de las profesiones. El objetivo de esta normativa es el de armonizar la evaluación de la proporcionalidad de las regulaciones de las más 5.000 profesiones que existen en Europa.
Las profesiones sanitarias españolas han entendido que esta propuesta conlleva el riesgo de rebajar los estándares de calidad de nuestro sistema sanitario. Es por ello que el vicepresidente 1º del CGCOM, Dr. Cobo, se reunía en Bruselas la pasada semana con Francisco Sevilla, consejero de Sanidad de la representación permanente de España; Enrique Terol, representante D.G. Santé de la Comisión europea; y con los europarlamentarios españoles del PSOE, Soledad Cabezón, Iratxe García y Javier López. También se entrevistó con los eurodiputados del Partido Popular Rosa Estarás y Pilar Ayuso con la finalidad de influir en la votación sobre la propuesta de Directiva, celebrada, finalmente, el pasado lunes.
Los Consejos Generales de Enfermería, Farmacéuticos y Dentistas reclaman que cualquier regulación contemple la naturaleza específica de las profesiones sanitarias para garantizar los derechos de protección de la salud y seguridad clínica
El Dr. Cobo les expuso a todos ellos el posicionamiento del CGCOM que va en la misma línea que la de los Consejos Generales de Enfermería, Farmacéuticos y Dentistas, que, entre otros aspectos, reclaman que cualquier regulación, tanto europea como nacional, contemple la naturaleza específica de las profesiones sanitarias para garantizar los derechos de protección de la salud y seguridad clínica, que se encuentran establecidos y justificados por razones de salud pública.
Tras esta votación del pasado lunes, el informe de la Comisión IMCO entrará en la fase de negociaciones entre el Parlamento y el Consejo con la Comisión Europea a fin de cerrar una propuesta conjunta en primera lectura.
