En los últimos años se está produciendo una significativa proliferación de nuevas tecnologías aplicadas a la diabetes, muchas de ellas dirigidas específicamente a optimizar y facilitar la monitorización de la glucemia intersticial. Esta revolución tecnológica aporta grandes beneficios para las personas con diabetes, pero también plantea algunas controversias y limitaciones, sobre todo por la falta de una regulación adecuada para su incorporación eficaz y equitativa a la cartera de servicios del Sistema Sanitario Público español.
Situación irregular
Estas han sido las principales reivindicaciones que han llevado a representantes de la Sociedad Española de Diabetes (SED), y de su grupo de trabajo de Tecnologías Aplicadas a la Diabetes (TAD), a reunirse recientemente en el Parlamento español con representantes del Grupo Parlamentario Socialista pertenecientes a la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados.
Se demanda la incorporación de estos recursos a la cartera de servicios del Sistema Sanitario Público español de forma coste efectiva y equitativa
En este encuentro, en el que estuvieron presentes Begoña Tundidor (portavoz de la Comisión de Servicios Sociales), Jesús María Fernández (portavoz de la Comisión de Sanidad) y Miriam Alconchel (portavoz adjunta de la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales), la delegación de la SED expuso la preocupación de esta sociedad científica por la actual situación de irregularidad en la incorporación de la monitorización de glucosa intersticial (MGI) como prestación sanitaria para personas con diabetes tipo 1, su prescripción, así como la falta de equidad territorial en esta incorporación.
Contenido de la reunión
El encuentro sirvió para que la Dra. Raquel Barrio, como vicepresidenta de la SED, expusiese la preocupación de esta institución por este tema. Al mismo tiempo, se reconoció el interés de la propuesta no de ley (PNL) presentada el 12 de noviembre del 2017 a la Mesa del Congreso de los Diputados por parte del Grupo Parlamentario Socialista sobre la inclusión de los sistemas de monitorización continua de glucosa en la cartera común de servicio del Sistema Nacional de Salud para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales
Actualmente existe una situación anómala, con importantes diferencias entre las Comunidades Autónomas y sin una garantía de mínimos en todos los territorios del estado
Por su parte, la Dra. Ruiz de Adana, miembro del Grupo de TAD, señaló la necesidad de que desde el Parlamento Español se pueda activar esa PNL y se regule para todo el territorio nacional la incorporación de esta tecnología en la cartera común de servicios en Unidades de Diabetes acreditadas y de referencia. Se planteó un escenario de mínimos compartidos y su financiación por parte del Sistema Nacional de Salud en indicaciones coste-efectivas.
Como ejemplo a seguir, se aludió a lo realizado en el año 2004 con la incorporación a la cartera de servicios nacional de la terapia con infusores subcutáneos de insulina (ISCI) para personas con diabetes tipo1 y con indicaciones precisas a través de orden ministerial (Orden SCO/7/10/2004, de 12 de Marzo).
También se informó a los parlamentarios de los consensos elaborados y publicados por el grupo de TAD de la SED sobre la implementación de estas tecnologías, así como de las principales diferencias de los sistemas de MCI actualmente comercializados en España:
- Monitorización continua de glucosa: sistemas continuos de medición de glucemia intersticial, con necesidad de calibración y alarmas y que pueden utilizarse tanto en MDI como integrados a terapia con infusión subcutánea de insulina, incluso con un sistema de parada de la administración de insulina en predicción en hipoglucemia
- Monitorización flash de glucosa (MFG): la visualización de datos es “a demanda”, sin necesidad de calibración y sin alarmas.
Según aclaran los representantes de la SED, cada uno de estos sistemas tiene prestaciones distintas que pueden mejorar el control glucémico y la calidad de vida en distintos perfiles de pacientes. El sistema más apropiado para cada paciente debe decidirse por equipos cualificados en su prescripción y seguimiento optimizado en el seno de unidades de diabetes de referencia.
El ejemplo catalán
Asimismo, se compartió un modelo autonómico de respuesta a esta demanda sanitaria y social, como es el modelo catalán que, siguiendo las indicaciones de la Agencia de Calidad de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de Cataluña (1), ha aprobado recientemente una resolución en su Parlamento (11 de mayo del 2017) donde insta a la inclusión en la cartera de servicios del Servicio Catalán de Salud de los dispositivos de medida de glucemia intersticial para el control de la diabetes 1, priorizando el acceso a menores de 7 años.
También se demanda la educación diabetológica avanzada y de calidad en la incorporación y manejo de estos recursos tecnológicos
Esto ha generado la reciente activación de un “programa de armonización de productos sanitarios relacionados con la monitorización de la glucosa intersticial” y un “protocolo de acceso a la monitorización continua de glucosa”, estableciendo la indicación, así como una incorporación escalonada en 4 fases con priorización de determinados perfiles de pacientes a partir de julio del 2018.
Necesidades formativas
Por otra parte, Mercedes Galindo, como enfermera educadora miembro del grupo TAD, recordó a los parlamentarios la importancia de la educación diabetológica avanzada y de calidad en la incorporación y manejo de estos recursos tecnológicos, destacando la necesidad de empezar a diseñar programas de formación para Enfermería de prácticas avanzadas, así como la incorporación de Enfermería con formación avanzada acreditada a plazas con un perfil profesional acorde.
Los parlamentarios estaban bien informados de la situación, conocían los consensos que sobre la MCG el grupo de TAD tiene efectuados (2) (3) y se mostraron sensibles a la necesidad de llevar a cabo la incorporación de estos productos sanitarios en la cartera de servicios del Sistema Sanitario Público Nacional en indicaciones coste-efectivas, en centros competentes en su manejo y en condiciones garantistas de una equidad territorial mínima.
