..Flor Cid.
“La sensibilización de la CEOE con respecto a la nueva Ley de Contratos Públicos es absoluta. La Comisión de Sanidad de la CEOE está a disposición de todos los agentes del sector para vehicular aquellos problemas que tengan desde el punto de vista de los poderes públicos, de los poderes legislativos, que son los que en principio parece que van a tener más que hacer“. Con estas palabras ha mostrado Carlos González Bosch, presidente de la Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales de la CEOE, su respaldo a los distintos agentes sanitarios ante la nueva Ley de Contratos del Sector Público.
Y lo ha hecho durante una jornada organizada por la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) que, bajo el título ‘Novedades de la contratación pública en sanidad y servicios sociales’, ha reunido en su seno a: Jaime Silos Leal, director de Desarrollo Corporativo de Foretica; Julio Sánchez Fierro, vicepresidente de la Asociación de Derecho Sanitario; Carlos Rus Palacios, secretario general de ASPE; Lourdes Fraguas Gadea, secretaria general y directora del Departamento Jurídico de Farmaindustria; Pablo Crespo de la Cruz, responsable del departamento Legal de Fenin; Mariano López de Ayala, miembro de las comisiones de Operaciones y Recursos Humanos de la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (AESTE); José María Toro, secretario del Círculo Empresarial de Atención a Personas (CEAPS); y Vanesa Rodríguez Ayala, directora del departamento Jurídico de la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT).
Carlos González Bosch: “La sensibilización de la CEOE con respecto a la nueva Ley de Contratos Públicos es absoluta”
Requisitos de solvencia, de calidad y de ejecución
Durante su intervención, Jaime Silos Leal ha abordado cómo pueden ser utilizados los hitos en la compra pública para establecer distintos niveles o distintos umbrales de exigencia a nivel de la responsabilidad social. “Destacamos los requisitos de solvencia, los requisitos de calidad y los requisitos de ejecución“. A nivel de solvencia, se ha referido a las políticas corporativas; en cuanto a requisitos de calidad, se ha centrado en producto y servicio y su impacto social; y en la parte de ejecución, ha hecho hincapié en la prestación del servicio o en la puesta a disposición del producto que se contrata. Silios también ha destacado como factor importante el hecho de no restringir la competencia y ser capaz de mirar por la sana competencia. “Preocupaba la atomización de algunas partes del mercado de la salud, donde tenemos muchos agentes participando, mientras que en otros hay una gran concentración“.
Silos Leal: “Destacamos los requisitos de solvencia, los requisitos de calidad y los requisitos de ejecución”
Sánchez Fierro: “Tiene más de reglamento que de una Ley”
Durante su análisis, Julio Sánchez Fierro se ha referido al momento en el que se constituyó la Comisión de Sanidad de CEOE, hace 37 años, y ha hecho referencia a la buena salud de la misma, haciendo un guiño a su área de actuación. En relación a la Ley de Contratos del Sector Público, ha hecho alusión a que es una Ley importante pero que, sin embargo, genera sentimientos contradictorios. “Más allá del análisis jurídico, que es imprescindible para poder formar un criterio, genera opiniones contradictorias“. Ha manifestado que es una Ley que hacía falta, “porque teníamos un texto refundido, fruto de etapas históricas variadas y que estaba completamente desfasado“. Pero, al mismo tiempo, la ha calificado como decepcionante, “porque, evidentemente, tiene título de Ley pero el contenido, es realmente un contenido reglamentario. Es una Ley que supera ampliamente los 300 artículos, muchísimas disposiciones adicionales, finales, transitorias, anexos… Tiene más de reglamento que de una Ley“. Y ha sostenido que “si uno de los problemas que se quería abordar con la contratación del Sector Público era fomentar la agilidad, la competencia y la transparencia, evidentemente, con una intrincada selva jurídica, es difícil que se puedan conseguir estos objetivos“, ha matizado.
Sánchez Fierro: “Si uno de los problemas que se quería abordar con la contratación del Sector Público era fomentar la agilidad, la competencia y la transparencia, evidentemente, con una intrincada selva jurídica, es difícil que se puedan conseguir estos objetivos”
Carlos Rus Palacios, secretario general de ASPE, ha destacado las carencias de la nueva Ley
Carlos Rus ha hecho referencia a reuniones mantenidas por ASPE a nivel político con portavoces en el ámbito de la Administración Pública de la Sanidad, en el Congreso y Senado, donde detectó “mucha prisa“, y ha afirmado que “ellos mismos reconocían que, desde un punto de vista técnico, la Ley tenía muchísimas carencias“. Ha llevado a cabo un análisis jurídico y se ha focalizado en la parte que afecta a la Sanidad Privada, distinguiendo la parte no contractual, que para ASPE tiene un peso específico “valorado en 3.600 millones de euros y que se está viendo afectada por la trasposición de esta Directiva de forma curiosa, fundamentalmente por Comunidades Autónomas“, ha remarcado. Y la parte contractual, donde ASPE ha mostrado cómo entiende que queda la “foto“, tras la trasposición de la Directiva que realiza el Gobierno Español. Su intervención se ha basado en un informe encargado al profesor José María Gimeno Feliu, Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza y ha sido especialmente crítico con la exclusión de entidades que tengan ánimo de lucro en todo este contexto de la nueva Ley.
Carlos Rus sostiene que, desde el punto de vista técnico, la nueva Ley tiene muchísimas carencias
Fraguas Gadea: “La nueva Ley busca que no se dude de la imparcialidad de los órganos de contratación“
Lourdes Fraguas Gadea ha hecho referencia a la necesidad de aportar claridad en algunos aspectos de la nueva Ley que “todavía no sabemos cómo se van a determinar aplicando e interpretando“. Ha partido de uno de los objetivos que persigue la Ley, recogido en el preámbulo y en el artículo 1, de transparencia, no discriminación, igualdad de trato, un uso más eficiente del dinero público, agilización de trámites, introducción de medios telemáticos, y ha resaltado su “objetivo y deseo de incrementar la competencia, con una especial preocupación por el acceso de las PYMES“. También ha hablado del criterio de la oferta económicamente más ventajosa, que “era un término de la antigua Ley que solo se recoge en el artículo 1 de la actual, porque pasa a ser sitituído por el nuevo concepto de mejor relación calidad precio, que es lo que permite, se supone, que se llegue a una mejor contratación, utilizando todos esos nuevos criterios de valoración, de tipo medioambiental, social y de I+D“. También ha hecho referencia a la Ley como “instrumento de lucha contra la corrupción“, y ha afirmado que “lo que busca es que no se dude de la imparcialidad de los órganos de contratación“.
Fraguas Gadea: “Su objetivo y deseo es incrementar la competencia, con una especial preocupación por el acceso de las PYMES”.
Crespo de la Cruz: “La Ley no es un fin, la Ley es un medio para hacer efectivas unas políticas públicas“
Pablo Crespo de la Cruz ha afirmado que “la Ley no es un fin, la Ley es un medio para hacer efectivas unas políticas públicas, de aprovisionamiento sanitario de calidad“. Ha hecho alusión a tiempos pasados, basados en políticas economicistas y, en ese contexto, ha mostrado algo de esperanza en el futuro con la nueva Ley, para que sirva de cambio ante anteriores políticas de contratación y aprovisionamiento en el sector. Ha mostrado su esperanza de que la nueva Ley valore la calidad de la tecnología sanitaria, “que va directamente vinculada con la calidad de asistencia sanitaria y con la mejora de la salud pública“.
Crespo de la Cruz: “Estamos totalmente alineados en que si hay una mayor transparencia se evitarán prácticas que no se adecúen al marco normativo vigente”
Ha hecho referencia a la transparencia, como otro de los focos donde se orienta la Ley, “estamos totalmente alineados en que si hay una mayor transparencia se evitarán prácticas que no se adecúen al marco normativo vigente“. Y ha resaltado la necesidad de cuidar y respetar los derechos de propiedad industrial e intelectual de las compañías a la hora de la presentación de ofertas, “y a la hora de ser capaces de que no se de acceso a información comercialmente sensible de ninguno de los competidores cuando se pidan informes de valoración“.
