ASPE pone de manifiesto que el acuerdo Gobierno-PODEMOS para los Presupuestos Generales del Estado 2019, relativo a la Sanidad, por el que se establece el “blindaje de nuestro sistema sanitario contra corrientes privatizadoras”, así como la creación de una Comisión para proceder a la “reversión de la privatización de la sanidad pública”, es un ataque directo a la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud español (SNS) y pone en riesgo su sostenibilidad financiera y asistencial, y es que así lo considera la patronal de la sanidad privada española a través de un comunicado.
Cristina Contel, presidenta de ASPE: “Nos encontramos ahora con un acuerdo que tiene por objeto desmantelar el SNS español, que se sitúa como el más eficiente de toda Europa, según el informe anual de Bloomberg”
Cristina Contel, presidenta de ASPE afirma que “nunca la demagogia política había llegado tan lejos” y hace hincapié en que “con la excusa de querer blindar la Sanidad como derecho universal, gratuito y de financiación pública -derecho que nadie ha cuestionado y que desde ASPE hemos defendido, poniendo de relieve su carácter constitucional y la necesidad de que no fuera utilizado por ideologías políticas y partidistas-, nos encontramos ahora con un acuerdo que tiene por objeto desmantelar el SNS español, que se sitúa como el más eficiente de toda Europa, según el informe anual de Bloomberg”. A nivel mundial, nuestro sistema sanitario ocupa el tercer lugar, solo por detrás de Hong Kong y Singapur, “y este éxito tiene mucho que ver, entre otros factores, con la complementariedad entre la sanidad privada y la sanidad pública”, añade.
Contel considera que “antes de plantearse revertir o blindar lo que vienen a llamar ’privatización‘ tendrían que explicarnos qué entienden por ’privatización‘: si se refieren a la exitosa gestión privada de entidades sanitarias públicas –que mantienen su titularidad pública y prestan los servicios asistenciales en los mismos términos, cumpliendo exactamente los mismos requisitos legales que los hospitales públicos gestionados directamente por las administraciones–; o se refieren a la práctica desleal de aprovechar los hospitales públicos para la realización de actividad privada contraria a la legislación de Defensa de la Competencia, lo que dinamita la equidad en el acceso, la agilidad en el tratamiento y provoca el incremento sin fin de las listas de espera, perjudicando y vulnerando directamente el derecho a la salud del paciente”. La presidenta de la patronal de la sanidad privada afirma que “lamentablemente, el acuerdo de Gobierno y Podemos no se refiere a este segundo tipo de privatización”.
La sanidad privada, “su importancia macroeconómica es mayor que la de muchos otros sectores empresariales que se han venido proponiendo como locomotoras de nuestra economía”
Más de 265.000 profesionales emplea de manera directa el sector sanitario privado español, y supone en torno al 3,5% del Producto Interior Bruto. Al respecto, la presidenta de ASPE destaca “su importancia macroeconómica”, y asegura que “es mayor que la de muchos otros sectores empresariales que se han venido proponiendo como locomotoras de nuestra economía”.
Un hipotético desmantelamiento de la sanidad privada provocaría irremediablemente un incremento del déficit público
La actividad de la sanidad privada, que complementa a la pública, ahorra a los presupuestos del Estado miles de millones de euros cada año, genera ingresos adicionales a las arcas públicas mediante los impuestos que pagan sus empresas y atiende, por ejemplo, al 85% de los funcionarios públicos, que pueden elegir entre sanidad pública y privada y han elegido la privada. El hipotético desmantelamiento de la sanidad privada provocaría irremediablemente un incremento del déficit público.
Al respecto, Contel considera que “el acuerdo propuesto por Gobierno-PODEMOS es un órdago muy peligroso y sin recorrido, so pena de que el sector sanitario público quiera morir de éxito, al quedar colapsado y no disponer de recursos humanos y materiales suficientes para asistir a la población española. Esto último sería muy fácilmente demostrable si el sector sanitario privado, en un acto de irresponsabilidad como lo es el acuerdo propuesto, decidiera suspender su actividad durante unos días”.
