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La Comunidad de Madrid ha anunciado la elaboración de un estudio pionero sobre muerte súbita, para prevenir y evitar nuevos casos dentro de una misma familia. El presidente regional, Ángel Garrido, presentó esta semana junto con los consejeros de Justicia, Yolanda Ibarrola, y de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, la firma de un protocolo de actuación entre la Consejería de Justicia y la Consejería de Sanidad sobre el “desafío más importante de la cardiología moderna y uno de los mayores de la medicina en general”, afirmó Garrido.
En lo que va de año, la cifra de fallecidos por muerte súbita en Madrid es de 271, ocho de ellos lactantes
Este nuevo modelo de trabajo incluirá el estudio genético de la persona fallecida por muerte súbita, así como la valoración y el estudio clínico de sus familiares. Para el presidente de la Comunidad de Madrid se trata de “un conocimiento que nos permitirá un diagnóstico temprano para prevenir y evitar la muerte súbita en otros miembros de familias ya afectadas”.
Más de 300 casos en Madrid
En 2017 el SUMMA 112 registró 323 casos de pacientes que fallecieron por muerte súbita, de los que 5 eran lactantes. Esta cifra supuso alrededor de un 2% del total de las muertes naturales en la región, aunque el porcentaje puede ser más elevado ya que no siempre se identifican. En lo que va de año, esta cifra asciende a 271, ocho de ellos lactantes.
Ángel Garrido: “La mayor prioridad de este Gobierno es la defensa de la vida, la protección de la salud y el trabajo diario por el bienestar de todos los madrileños”
Para llevar a cabo este estudio, trabajarán de manera conjunta el Instituto Anatómico Forense, dependiente de la Consejería de Justicia y que aporta asistencia técnica en la práctica de autopsias y en las pruebas complementarias asociadas a estudios forenses; y el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS), que forma parte de la Consejería de Sanidad y es el organismo encargado de las prestaciones sanitarias en la Comunidad de Madrid
Garrido destacó que este protocolo “constituye un claro ejemplo de cómo el Gobierno regional promueve iniciativas útiles y novedosas, coordinando recursos y profesionales para garantizar el bienestar de los ciudadanos. Porque la mayor prioridad de este Gobierno es la defensa de la vida, la protección de la salud y el trabajo diario por el bienestar de todos los madrileños”.
Trabajarán de manera conjunta el Instituto Anatómico Forense, dependiente de la Consejería de Justicia y el Servicio Madrileño de Salud
Cardiopatías con causa genética
La firma de este acuerdo incluye la creación de un protocolo autonómico multidisciplinar, que permita el estudio de la muerte súbita cardiaca y de las cardiopatías familiares (miocardiopatías y canalopatías) subyacentes; la constitución de un grupo de trabajo formado por profesionales de diferentes especialidades, destinado a la atención a las familias con cardiopatías genéticas causantes de muerte súbita; y la elaboración del diagnóstico causal de la mayoría de muertes súbitas ocurridas en jóvenes, mediante un estudio exhaustivo desde diferentes perspectivas.
Este protocolo tendrá una duración de cuatro años y podrá prorrogarse, anualmente, hasta un máximo de cuatro años adicionales
El Gobierno regional considera de gran importancia llevar a cabo un estudio de la muerte súbita en su ámbito territorial. “La muerte inesperada de un familiar supone no sólo un trágico acontecimiento vital sino que, también, tiene profundas implicaciones para el resto de los familiares. Cuando se produce una muerte súbita, sobre todo si se trata de una persona joven (menor de 40 años), el resto de los familiares pueden presentar la misma enfermedad que el paciente fallecido”, señala el texto del protocolo. En la mayoría de casos, estos fallecimientos repentinos se deben a cardiopatías familiares con una causa genética. Por lo que un diagnóstico temprano y el conocimiento de la enfermedad pueden evitar complicaciones y que se repitan estos acontecimientos en otros miembros de las mismas familias.
El convenio suscrito implica la creación de una comisión de seguimiento formada por dos miembros de cada una de las partes y que podrá convocar a expertos, con voz pero sin voto, en función de los temas a tratar. Este protocolo tendrá una duración de cuatro años y podrá prorrogarse, anualmente, hasta un máximo de cuatro años adicionales.
