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Los familiares de una paciente de 30 años han reclamado 1,2 millones de euros a los médicos que la intervinieron a causa de un aneurisma cerebral. Tras la operación la paciente sufrió distintos procesos degenerativos que han derivado en el reconocimiento de la incapacidad permanente absoluta. En la actualidad posee movilidad reducida en su brazo izquierdo con la mano totalmente inutilizada, tiene deformidad en el lado superior derecho de la cabeza y sufre crisis de epilepsia, las cuales no padecía antes de la operación.
La paciente sufrió un aneurisma cerebral y los propios doctores aconsejaron su intervención quirúrgica inmediata debido a su juventud. El tratamiento se dividió en dos fases: en una primera intervención se le practicó un bypass de la arteria carótida externa a la arteria cerebral media a través de un injerto de arteria radial, posteriormente se llevó a cabo la eliminación del aneurisma mediante técnicas endovasculares.
Dos meses después de la intervención quirúrgica la paciente quedó en estado vegetativo, para posteriormente recuperarse con importantes secuelas cognitivas
Dos meses después de la operación la paciente sufrió una crisis que le dejó en estado vegetativo, requiriendo una traqueotomía y una sonda nasogástrica y otra urinaria para su recuperación. Varios meses más tarde fue dada de alta refiriendo relajación de esfínteres y secuelas de movilidad, por lo que necesitaba una silla de ruedas para su vida diaria. Además acusaba un importante deterioro cognitivo global debido al daño cerebral sufrido. A día de hoy la paciente puede caminar por sí misma, sin embargo no puede desempeñar ninguna actividad laboral y necesita la asistencia de una tercera persona en todo momento.
Los familiares entienden que las complicaciones sufridas después de la intervención se deben a una mala praxis por parte de los doctores. Los abogados han basado la acusación en la teoría del daño desproporcionado y en defectos en el consentimiento informado. En cuanto a este último, la acusación alega que exclusivamente se refería al proceso de embolización vascular en general, no al de aneurismas cerebrales en concreto, que fue el que se practicó. Este procedimiento cuenta con riesgos específicos que no aparecían en el consentimiento, entre ellos la rotura del propio aneurisma produciendo una hemorragia, como la que sufrió la paciente. Además los abogados han alegado que no se ofrecieron alternativas a esta intervención. Por todo ello reclaman 1,2 millones de euros en concepto de indemnización.
Los familiares entienden que las complicaciones sufridas después de la intervención se deben a una mala praxis por parte de los doctores y defectos en el consentimiento informado
La defensa de los doctores acusados ha declarado que los familiares fueron informados desde el primer momento de la gravedad de la dolencia, sus posibles consecuencias y la dificultad del tratamiento. Además han afirmado que fueron realizadas diversas pruebas a la paciente -previas a la intervención- con el fin de descubrir cuál podía ser el mejor tratamiento para su dolencia, concluyendo que las técnicas utilizadas eran las más adecuadas. Tras las intervenciones la paciente despertó de la anestesia con una situación neurológica normal. Los abogados de la parte demandada han indicado que van a presentar pruebas que demuestran que el aneurisma nunca se rompió.
