..Juan Pablo Ramírez
El pasado martes, VOX presentó un documento con una serie de exigencias para apoyar el pacto entre Partido Popular y Ciudadanos en el Parlamento andaluz. La nueva formación requería la expulsión de los inmigrantes irregulares, la devolución de las competencias sanitarias y la extensión de la ley andaluza de cuidados paliativos. El presidente de la Federación de Asociaciones Científico-Médicas (FACME), Fernando Carballo, dio su visión a iSanidad sobre estas propuestas antes de que se produjera el acuerdo entre PP y VOX.
¿Cómo debe afrontar el médico la atención al un paciente que es inmigrante en situación irregular?
Surgió un debate parecido cuando en la época más dura de la crisis se excluyó de la atención sanitario a los inmigrantes sin papeles. La posición de los médicos en general fue advertir que no era un problema sanitario, sino que tenía que ver exclusivamente con una decisión política vinculada a una serie de recortes. En cuanto a los profesionales de la medicina, una cosa es la que opinen individualmente y otra cosa es la posición que deben adoptar en la atención sanitaria. Un médico tiene la obligación de atender a cualquier ciudadano que requiera asistencia sanitaria. En cualquier situación de urgencia o de necesidad vital, al médico le va a dar igual si la persona tiene derecho o no. Es obvio. Por ética y deontología no puede preguntar primero el nombre y en función de eso actuar. Los médicos defendemos un modelo de Sistema Nacional de Salud universal y el derecho de la atención sanitaria es semejante al uso de las carreteras o de la vía pública. No es un tema médico decir si en España hay personas con derechos o sin derechos en absoluto. Pero como médicos no nos vamos a sentir cómodos con la exclusión por razones de humanidad, ética y deontología. Por este motivo, FACME y el Foro de la Profesión Médica hemos reclamado durante varios años que se volviera al modelo de la atención sanitaria. Esto se ha solucionado con el real decreto del Gobierno actual.
Un médico tiene la obligación de atender a cualquier ciudadano que requiera asistencia sanitaria. En cualquier situación de urgencia o de necesidad vital, al médico le va a dar igual si la persona tiene derecho o no
Pedir, por tanto, al médico entonces que identifique y denuncie esta situación irregular va en contra de sus funciones.
No somos administrativos. Esto hay que decirlo claro. No somos quién para decidir si una persona tiene más o menos derechos o requisitos legales. Que establezcan los filtros que consideren pero estaría bueno que los médicos encima nos tuviéramos que poner a pedir el carné de identidad. Una cosa es que seamos médicos y otra que seamos ejecutores de la política del Estado.
VOX plantea también la devolución de las competencias sanitarias al Estado, ¿cuál es la opinión de FACME?
Otra cosa tremebunda. Nosotros no somos funcionarios del Estados, somos profesionales que en su mayor parte trabajamos para los servicios de salud. Por tanto, decir que se va a trabajar nuevamente para un ente que ya no existe como el Instituto Nacional de la Salud no tiene sentido. Decídanlo, reformen la Constitución, pero estas cosas no son serias plantearlas. Se puede decir que una atención sanitaria centralizada sería mejor que múltiples servicios de salud. No solo lo dice VOX, hay mucha gente que lo plantea y lo razona, pero exponerlo como una propuesta política es ridículo. Para retrotraer eso, hay que dar tantos pasos atrás que obligaría a tener una amplísima mayoría y no es la situación de VOX en este momento. Es un gesto publicitario puro y duro.
No somos quién para decidir si una persona tiene más o menos derechos o requisitos legales. Que establezcan los filtros que consideren pero estaría bueno que los médicos encima nos tuviéramos que poner a pedir el carné de identidad
¿Qué les parece la propuesta de extender la ley de cuidados paliativos en Andalucía?
El aborto es un problema es un sentido en la cual existen dos derechos: el de la mujer de decidir libremente sobre su cuerpo y el de los de alguien que no ha nacido. En la eutanasia es completamente diferente. En este caso, se produce una atención al sujeto que sufre. Desde hace mucho tiempo se acepta, incluso desde la Iglesia Católica, que el uso de remedios y cuidados que acortan la vida es lícito cuando no hay esperanza para evitar el sufrimiento. Eso se puede llamar cuidados paliativos o eutanasia. Hace tiempo que los médicos apostamos por unos cuidados paliativos de calidad insertados en la atención sanitaria de los ciudadanos. Por tanto, el problema no son los cuidados paliativos sino el suicidio asistido; es decir, que un sujeto tenga derecho a recibir una atención sanitaria que de la que se derive su muerte porque está incapacitado para retirarse la vida. El límite de los cuidados paliativos y la eutanasia es artificial y va a depender mucho del enfoque político y de qué tipo de derecho se quiera defender: el de la vida o el de la libertad. Es un debate más jurídico que médico. Los facultativos ante la final de la vida solemos manejarlo de una forma privada. Es un problema de un individuo concreto y sobre el que hay que tomar medidas compartidas con él o con sus familiares. Si ha hecho testamento vital. En problema es cuando surge el conflicto jurídico entre el derecho a la vida y a la libertad.