..Elena Santa María.
La Xunta de Galicia ha decidido no recurrir una sentencia emitida el pasado mes de diciembre por el Tribunal de Xustiza de Galicia que permite compatibilizar la medicina pública y privada siempre que no se incluyan actividades concertadas con el Sergas.
Tras un recurso presentado por el colegio de A Coruña, el tribunal daba la razón a una ginecóloga a quien no se le permitía compatibilizar el ejercicio de su profesión en la pública con el trabajo en una clínica privada. El presidente del Colegio de Médicos de A Coruña se ha mostrado muy satisfecho con la decisión de la Xunta, que califica de “muy buena noticia”.
El presidente del Colegio de Médicos de A Coruña se ha mostrado muy satisfecho con la decisión de la Xunta, que califica de “muy buena noticia”
Se ha llegado así a una interpretación común de la legislación. El conflicto era que la Xunta consideraba que si un médico estaba en la sanidad pública y en un centro concertado vulneraba la ley de incompatibilidades. Lo que dicta la sentencia es que la compatibilidad es posible siempre que la actividad no incluya una actividad concertada.
Desde ASPE celebran la decisión de la Xunta de Galicia de acatar la sentencia, que aseguran, garantiza la seguridad jurídica de los profesionales y los centros sanitarios y produce un beneficio directo para todos los usuarios. Además –aseguran desde ASPE- no tiene sentido que dependiendo de la comunidad autónoma los profesionales puedan trabajar o no simultáneamente en la pública y la privada.
La Xunta consideraba que si un médico estaba en la sanidad pública y en un centro concertado vulneraba la ley de incompatibilidades
En un comunicado insisten en que “El déficit de profesionales médicos provocado, entre otras cosas, por el progresivo envejecimiento de las plantillas, los recortes en sanidad o los desajustes entre la formación de especialistas y las necesidades reales del sistema, es un problema grave que ya está afectando de manera significativa a algunas regiones de nuestro país, tanto en la sanidad pública como en la privada. Por eso, creemos que lo lógico sería llevar a cabo medidas para facilitar la contratación por parte de ambos sectores, aludiendo al “interés público” previsto por la Ley, en lugar de poner dificultades”.
