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La colaboración público-privada es una de las discusiones de cara a las elecciones del próximo día 28. La colaboración entre el sector privado y el público se produce en tres modalidades: conciertos, mutualismo administrativo y concesiones. Los tres modelos permiten descargar presión asistencial y financiera a la sanidad pública. Y evitan duplicidades y riesgos innecesarios.
Además, este tipo de colaboración contribuye significativamente a aliviar las listas de espera. Es lo que se desprende del informe Sanidad privada, aportando valor de la Fundación IDIS. Porque permite aprovechar todos los recursos y ofrecer unos niveles de asistencia óptimos. La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) en su “Libro Blanco de la Sanidad”, defiende estas formas de colaboración.
Los tres modelos de colaboración público-privada permiten descargar presión asistencial y financiera a la sanidad pública. Y evitan duplicidades y riesgos innecesarios
Los conciertos entre los servicios regionales de salud y los centros privados contribuyen a desahogar las listas de espera. Y ofrecen asistencia sanitaria en las zonas geográficas donde el sistema público no llega. Estos centros cuentan con diferentes áreas: hospitalización, diagnóstico por imagen, transporte sanitario o terapias respiratorias y diálisis. El Ministerio destina el 11,2% del gasto sanitario público a la partida presupuestaria de los conciertos.
Cataluña es la comunidad autónoma que más dinero destina a los conciertos, con un 24,9% de su gasto sanitario. Por detrás. Madrid (10,7%), Andalucía (4,1%) y la Comunidad Valenciana (4,2%). Son datos del año 2016.
Por otra parte, el mutualismo administrativo favorece el equilibrio entre el sistema público y privado. También reduce la presión asistencial. Está formado por tres mutuas: la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE), la Mutualidad General Judicial (MUGEJU) y el Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS).
Cataluña es la comunidad autónoma que más dinero destina a los conciertos, con un 24,9% de su gasto sanitario
Bajo este modelo, el Estado mantiene las funciones de regulador, garante y financiador de las prestaciones sanitarias. Los ciudadanos pueden decidir libremente si quieren ser atendidos por el Sistema Nacional de salud o por una entidad aseguradora con el mismo nivel de prestaciones. Esta última opción es la que escogen el 84% de los funcionarios. La población cubierta por el mutualismo administrativo es de 1,8 millones de personas.
Por último, las concesiones sirven para dar respuesta a la insuficiencia financiera de la Administración Pública. Además, incrementa la previsibilidad del gasto público futuro y permite un mayor control de gasto.
Las concesiones son distintas en función del nivel de servicios. Estos servicios pueden incluir: la construcción y equipamiento de un hospital, la gestión de servicios no sanitarios como limpieza o restauración. La dotación de alta tecnología o gestión de servicios sanitarios. Pudiendo incluir la atención especializada, atención primaria y a pacientes psiquiátricos y crónicos.
Actualmente nuestro país cuenta con un total de 8 hospitales operativos bajo este nivel de concesión. Se ubican en la Comunidad Valenciana y la Comunidad de Madrid.
