El anuncio de los recortes está siendo un quebradero de cabeza para todos, los que lo tienen que aplicar y los que los van a sufrir, que son los médicos y los pacientes. El Gobierno tiene intención de aplicarlos con carácter inmediato en todos los capítulos de los Presupuestos Generales del Estado y, muy especialmente, en el campo de la Sanidad Pública.
Numerosas han sido las plataformas que se han constituido en todas las comunidades autonómicas para plantarle cara a las mismas, llegando, incluso, a apelar a libertada de la objeción de conciencia. Sindicatos, organizaciones profesionales y otros colectivos sanitarios, están clamado lo que pueden para tratar de frenar Gobierno para hacerle ver que todo lo que a recortes se refiera, sea en Sanidad o en otra cualquier parcela, económica o profesional, debe hacerse con la debida mesura, escuchando antes la voz de los profesionales para que, socialmente, tengan el menor perjuicio o sacrificio posible en los grupos más desfavorecidos económicamente.
Una docena de organizaciones de profesionales sanitarios vascos están instando a sus colectivos respectivos a acogerse a la objeción ética de conciencia si se aplica el Decreto en el que el Gobierno detallará los recortes sanitarios a diversos colectivos como los inmigrantes sin papeles. Entre los mismos se encuentra el Colegio de Médicos. Diez entidades más comparecieron recientemente en una rueda de prensa conjunta en Bilbao para confirmar que consideran injustificable, económica y legalmente, y, hasta una medida “racista”, que tiene que ver más con cuestiones ideológicas que con aspectos relacionados con la administración del gasto público.
Para dar a conocer su postura, los convocantes de la citada rueda de prensa han informado que piensan editar 10.000 ejemplares de un folleto con el contenido del mismo y su postura, para su distribución en las consultas públicas, así como entre los profesionales de las privadas que lo soliciten.
Según “Osakidetza” (Servicio Vasco de Salud), si se aplicara el contenido del futuro Decreto, dejarían de percibir asistencia sanitaria estos colectivos sociales; 13.500 jóvenes mayores de 25 años que no han podido acceder aún a su primer empleo, 800 divorciados, 3.500 discapacitados con una afección inferior al 65%, 22.000 inmigrantes empadronados en el País Vasco sin permiso de residencia, más 17.000 que no lo están. Es decir, cerca de 60.000 personas. Por ello han solicitado al Consejero de Sanidad y Consumo, Rafael Bengoa, que mantenga la intención de dicho Ejecutivo autonómico de no aplicar el famoso Decreto, alegando, entre otras razones, que el mismo empujará a dichos colectivos a colapsar los servicios de urgencia que, a su vez, generarán un mayor crecimiento de los ingresos hospitalarios lo que, a la larga supondrá una sustanciosa elevación de los gastos.
Aragón, Asturias, Valencia y otras comunidades más están caminando por esa misma vía Y los Sindicatos en general, con el lema de “No te calles, defiende tus derechos” celebraron el pasado domingo 58 manifestaciones en grandes ciudades de toda España en las que participaron, según sus cálculos, entre 35.000 y 50.000 personas.
Con este panorama previo la siguiente pregunta cae por su propio peso ¿Cómo quedará la sanidad tras la aplicación de todos los recortes que se anuncian?
Según las primeras impresiones y análisis realizados, los hospitales detendrán el 40% de su actividad este verano, con objeto de ahorrar por lo que los ciudadanos notaran que su atención sanitaria sufrirá no solo ciertas restricciones sino mayores demoras debido a que muchos centros hospitalarios, con más o menos intensidad recurrirán durante este periodo al cierre de lo no urgente. Sus gerentes y directores, con ligeras variaciones, enumerarán planes similares alegando que “No hay otra salida”. Cataluña ya fue pionera en esta actitud el verano pasado.
También se alega el hecho de que, ante estas circunstancias las reformas se cebarán con los discapacitados, pues según datos de la UE y la ONU, en torno a 2,5 millones de personas son discapacitados con problemas de movilidad y, además, dos de cada tres de ellos están fuera del mercado laboral. En España existen hoy cerca de 3,8 millones de personas discapacitadas.
Examinando los diversos apartados, según un análisis realizado por el comentarista Emilio de Benito en el diario El País, Estos pueden ser los resultados que se esperan tras la puesta en marcha del decreto:
•¿Qué medicamentos quedarán fuera? No se sabe realmente todavía. Lo único que se conoce es que habrá dos vías para obtener medicamentos con financiación pública. Se excluirán los obsoletos, cuya función ha sido ya, afortunadamente, superada por otros más modernos, lo cual no supone, realmente, ningún ahorro. Si se han quedado obsoletos, lo lógico es que no se vuelvan a prescribir. El otro camino es el que se refiere a específicos para síntomas leves, pero todavía no hay ninguna lista. El propósito de Sanidad, según parece, es dividirlos en dos grupos, los preparados que necesitan receta para su expedición y los que no la necesitan, es decir, son de venta libre. Parece ser que la intención es agruparlos en una sola línea, los de venta sin receta – que no son subvencionados por la Administración-. Esta casuística encierra un problema, dado que hay productos que pueden resultar indicados tanto para síntomas leves como graves, según indican fuentes de la patronal de los medicamentos, Anefp. De ahí que no tenga más remedio que irse caso por caso.
•¿Ambulancias, prótesis y dietoterápicos?, ¿qué copago tendrán? La escala que puede fijar el Real Decreto es la misma que para los medicamentos generales. Pero en estos casos no va haber un tope de copago por el usuario. Se desconoce el sistema que cada Comunidad aplicará. Ya existe en algunas de ellas, con unas subvenciones de diversa cuantía, como el 90 % si se trata de pensionistas. Depende del criterio por el que cada Consejería de Sanidad quiera regirse.
•La tarjeta Sanitaria Un tema muy debatido a nivel teórico, afortunadamente resuelto de forma bastante clara y sencilla. No hay que renovarla debido al cruce automático de los datos que Hacienda tiene de cada uno de los españoles, con motivo de la declaración anual de la renta. La información adecuada pasará automáticamente a las respectivas Consejerías de Salud y, según se desprenda de sus datos, su nivel de renta marcará, automáticamente, lo que cada persona deberá abonar por los medicamentos que se le prescriban
•¿Cuánto pagarán los pensionistas? Este apartado es uno de los que menos duda ofrece. Desde siempre ha estado claro, tanto la cuantía como el concepto. Los que ganen hasta 100.000 € anuales, el 10% de su precio, con un tope mensual entre 8 y 18 euros al mes –según sea su escala de la renta- la diferencia será abonada por las comunidades –tendrán seis meses para hacerlo- Las rentas superiores a la cifra indicada de 100.000 euros anuales supondrá que el pensionista abonará el 60% de los mismos, pero con la salvedad de que nunca podrá ser superior esta cantidad a 60 euros mensuales.
• Las personas que no tengan ingresos ¿Cuánto pagarán? El que no posea ingresos, puede recurrir a acudir a la Seguridad Social, tras obtener de Hacienda el correspondiente justificante de no tenerlos para que, si es español o extranjero debidamente documentado, se la expidan.
•¿Puede quedar alguien fuera? La duda la presentan hasta ahora las personas que tengan más de 25 años y nunca hayan podido cotizar, por ejemplo, por no haber podo acceder todavía a su primer trabajo, ser rentistas, estudiantes o pertenecer a ciertos colectivos como monjes o monjas. Para estos supuestos no hay una solución concreta todavía. Hay que esperar a lo que, para ello, disponga oficialmente Sanidad.
•¿Qué trato sanitario tendrán los extranjeros residentes en España? La normativa para este grupo está también muy clara. Solo podrán disponer de la tarjeta sanitaria aquellos que residan legalmente y, por tanto, estén provistos de una documentación en regla. A los demás –los conocidos como “sin papeles”- solo se les tratará en casos de urgencia. Con una posible excepción, que sean enfermos infecciosos.
Estos datos no dejan de tener una gran relevancia si se comparan la Sanidad en EEUU., donde, prácticamente, uno de cada siete estadounidenses (el 15,1% de la población) no tuvo ningún tipo de cobertura de salud durante el pasado año, según ha dado a conocer un estudio reciente de los servicios de salud de dicho país. Unos 46,3 millones de personas (el 15,1 % de la población) no estaban asegurados cuando fueron encuestados. 58,7 millones (19,2%) afirmaron en la citada encuesta no haber tenido coberturas en algún momento del año anterior. 34,2 millones de ciudadanos carecieron de seguro médico en años anteriores a la realización de la encuesta. Son datos de la investigación realizada por los Centros de Control de Enfermedades (CDC)
