Primer listado de medicamentos que no podrán ser financiados a partir del 1 de julio

Iboprufeno, aspirina, almax, paracetamol y una larga serie de específicos englobados en nueve bloques de especialidades, son los primeros específicos que, a partir del próximo 1 de julio, no podrán ya ser recetados con cargo a la financiación publica. Una medida con la que se espera llegar a un ahorro que rondará los 560 millones de euros. El Ministerio la propondrá al Consejo Intertritorial en su reunión del próximo 27 de junio.

Además de los citados anteriormente como más conocidos, se unirán otros como el neobrufen, fortasec, mucosan, voltaren o efferalgan, pertenecientes a síntomas de carácter leve o porque, al haber perdido eficacia, han aparecido otros más avanzados. Según informaciones cercanas al Ministerio se está trabajando a marchas forzadas para elaborar la lista definitiva de aquellos productos que dejarán de financiarse con cargo a las arcas públicas. O sea, aquellos que el Estado subvencionará con el 60% de su importe, para que el ciudadano abone solo el 40% restante, medicamentos hasta ahora gratuitos para los jubilados. Serán nueve los grupos terapéuticos que no entrarán en el tradicional paquete de la financiación estatal, con lo que se espera llegar a un ahorro de 560 millones de euros; laxantes, antiácidos, laxantes de contacto u osmóticos, inhibidores de motiliad intestinal, antiinfecciosos intestitanales, antirreumátios o esteroides, analgésicos no narcóticos, antipiréticos, expectorantes, lágrimas artificiales y lubricantes oculares. 

En este aspecto, el Ministerio tiene datos económicos muy concretos. Con esta medida, según sus estimaciones, solo en el capitulo de analgésicos, considera que se gastan cerca de 300 millones de euros, pero considera que, cuando llegue a tenerse completada esta relación, el ahorro, solo por este concepto, puede ascender a 7.000 millones. Gracias a ello se podrá abrir la puerta para que puedan empezar a a desaparecer los conocidos como “obsoletos”, para que hagan su aparición, cuanto antes, los que posean un mayor valor o eficacia terapéutica. 

¿Cual es la actitud de la industria farmacéutica ante estas medidas? cabe preguntarse. La respuesta es muy positiva,. Bastante buena y favorable. Así lo confirma Jordi Ramentol, Presidente de Farmaindustria: “Creemos que los medicamentos de síntomas leves, o menores, son desfinanciables dadas las circunstancias, porque de algún sitio hay que ahorrar”.

Según el Ministerio el cuadro de los productos afectados que dejarán de financiarse públicamente podrían ser, de forma resumida, los siguientes. La cuantía de su posible ahorro y el precio de venta al público inicial se expresa en millones de euros. Prescindimos en el de la descripción de sus nombres comerciales originales, por ser de sobra conocidos:

El análisis de estos datos implica una conclusión clara. Dentro de la UE España es el país que mantiene un criterio dotado de una mayor generosidad a la hora de financiar medicamentos para sus ciudadanos. Más del 90 de los específicos que se recetan en los hospitales públicos y el 75 de los recetados en los centros de salud, cuentan con un determinado porcentaje de financiación pública. ¿Qué pretende con la aplicación de estas medidas restrictivas el Ministerio de Ana Mato?. Dos sencillas e interesantes; responsabilizar y concienciar al ciudadano con el gasto público y, por supuesto, ahorrar en financiación.

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