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El Gobierno ha conseguido el respaldo del Congreso de los Diputados para la convalidación del real decreto para afrontar lo que se ha denominado “la nueva normalidad”. El Ejecutivo ha sumado el respaldo de PP, Ciudadanos y PNV. Todos ellos han exigido que la normativa se tramite como proyecto de ley para introducir nuevas medidas.
Una vez superado el estado de alarma, el decreto obliga al uso de mascarilla, siempre y cuando no sea posible guardar la distancia de seguridad de 1,5 metros. El incumplimiento de la norma estará penado con multas de hasta 100 euros. Serán las comunidades autónomas y las entidades locales las responsables las funciones de vigilancia, inspección y control.
PP, Ciudadanos y PNV respaldan el decreto de nueva normalidad pero tendrá que tramitarse como proyecto de ley
Pese a ofrecer su apoyo, el PP ha vuelto a mostrarse crítico con la actuación del Gobierno frente a la epidemia. La diputada del PP, Ana Pastor, ha insistido en que “una parte” de los afectados “se podría haber evitado”. Una vez que comience su tramitación como proyecto de ley va a reclamar un mecanismo de rastreo “eficaz”, una reserva estratégica de fármacos, reforzar la sanidad exterior y potenciar el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. “No es casualidad que tengamos unas cifras terribles y el mayor número de sanitarios contagiados”, ha criticado, añadiendo que el Gobierno “minimizó” las alertas internacionales: “No funcionó el sistema de alerta epidemiológica y tampoco el Ministerio”.
El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha defendido que las nuevas medidas resultan esenciales “para facilitar la prevención y actuación ante posibles brotes” y “contribuye a la coordinación de las administraciones sanitarias”. Más allá del uso obligado de la mascarilla, el decreto introduce el deber de las comunidades de suministrar información cuando se produzcan situaciones de emergencia para la salud pública. Además, deberán continuar facilitando los datos necesarios para el seguimiento y la vigilancia epidemiológica del Covid-19. Los servicios de salud garantizarán que, en todos los niveles de la asistencia, y de forma especial en la atención primaria, se le realizará a todo caso sospechoso una prueba diagnóstica por PCR u otra técnica de diagnóstico molecular, tan pronto como sea posible desde el conocimiento de los síntomas, y que toda la información se transmita en tiempo y forma.
El texto obliga a usar la mascarilla cuando no se pueda guardar la distancia de seguridad, bajo multas de 100 euros
Las regiones deberán velar por garantizar un número suficiente de profesionales involucrados en la prevención y control de la enfermedad. El objetivo es acelerar el diagnóstico, la atención a los casos y la vigilancia epidemiológica. El texto obliga también a las autonomías a fijar planes de contingencia para asegurar una respuesta rápida y coordinada.
