Alfonso González
Ana Mato se ha comprometido con Juan José Rodriguez Sendín, presidente de la OMC, a no castigar a los médicos que objeten a la exclusión sanitaria de los inmigrantes en situación irregular que desde el 1 de septiembre han perdido su derecho a tener tarjeta sanitaria. Rodriguez Sendín ha afirmado que “no va a haber ningún tipo de penalización para la actuación profesional que se derive de nuestras obligaciones deontológicas”.
“A los médicos, y así me lo ha confirmado la ministra, deben dejarnos en paz para que hagamos lo que debamos hacer con cada paciente que se nos ponga delante”.
El borrador del decreto establecía que se excluirían a las personas que estuvieran en situación irregular, excepto los menores de edad y las embarazadas, pero el decreto ley amplió el derecho de atención sanitaria a los inmigrantes con una enfermedad de transmisión, como el VIH o la tuberculosis, que ya estuvieran recibiendo tratamiento.
La última modificación ha sido asegurar que se atendería a todos pero que se les pasaría una factura a aquellos que no tuvieran tarjeta sanitaria, cobrada a través de un seguro privado o mediante un convenio con su país de origen. En el caso de no haber tal convenio Sanidad puede cobrar de manera retroactiva cuando el inmigrante tenga un trabajo regularizado.
El tema del cobro no debe ser un problema del médico, el problema del médico debe ser que nadie deje de estar atendido. Sin embargo las dificultades pueden llegar por las diferentes reacciones que están teniendo las comunidades autónomas.
