..Dr. Ricardo Martino, jefe de la Unidad de Atención Integral Paliativa Pediátrica del Hospital Infantil Niño Jesús.
El estado de alarma es un concepto que, hasta hace 8 meses, resultaba desconocido para la mayoría de la población. Sin embargo, es una situación prevista en la Constitución Española, en el artículo 116, dentro del título V, “De las relaciones entre el gobierno y las cortes generales”. La regulación del mismo se hace en 1981 a través de una ley orgánica.
Lo que queda claro es que está previsto para situaciones excepcionales y graves porque limita los derechos fundamentales de los ciudadanos. Que se declarara un estado de alarma en primavera nos pudo sorprender, pero podía entenderse para afrontar una situación de salud pública que ponía en riesgo a la población. Pero que se acuda a esta medida de nuevo como única solución para afrontar “la segunda ola” de la pandemia me preocupa porque creo que las circunstancias no son las mismas.
En estos meses se ha creado y se ha puesto a disposición de la comunidad internacional un cuerpo de conocimientos y experiencia compartida como nunca antes había sucedido
Los profesionales sanitarios trabajaron contra reloj, en circunstancias muy difíciles, bajo una alta presión asistencial, intentando atender a cada persona en su necesidad y con falta de medios materiales y humanos. Y aprendiendo sobre la marcha de una enfermedad desconocida sobre la que no se disponía de toda la información, a veces por razones políticas o de oportunidad. Y se ha aprendido mucho: sobre las manifestaciones clínicas, la evolución, los efectos a medio plazo, los factores de riesgo, los métodos de diagnóstico, los tratamientos eficaces e ineficaces, los mecanismos de transmisión, los medios de protección. En estos meses se ha creado y se ha puesto a disposición de la comunidad internacional un cuerpo de conocimientos y experiencia compartida como nunca antes había sucedido.
Al mismo tiempo se adoptaron decisiones organizativas en las instituciones sanitarias y logísticas en los medios de producción y distribución de material sanitario para poder hacer frente entonces y anticiparse ahora a posibles situaciones de sobrecarga asistencial para evitar los colapsos de los centros sanitarios.
Comparar el número de contagiados entre la primera y segunda ola supone confundir a la población
Ahora los medios de diagnóstico (test) y protección se pueden adquirir sin ninguna dificultad. Comparar el número de contagiados entre la primera y segunda ola y mostrar gráficos en los que las curvas de ahora superan a las de entonces supone confundir a la población. Cuando en primavera solo se diagnosticaba a los sintomáticos graves y ahora se “persigue” el diagnóstico de los asintomáticos.
Ahora ya sabemos que las mascarillas, la distancia, el lavado de manos y la aglomeración en espacios cerrados son factores fundamentales para controlar la transmisión de la enfermedad. Pero sorprende que la aplicación de esas medidas pueda ser tan variable, tan cambiante, tan distinta dependiendo de dónde vive uno, cuántas administraciones intervienen y quién tiene la responsabilidad de gobierno en cada lugar.
No se puede comprender que no haya un criterio técnico uniforme para afrontar las limitaciones en las reuniones de convivientes o no convivientes, el número de personas, la geografía de los confinamientos, la temporalidad de las restricciones, o que, con incidencias similares, las decisiones sean distintas.
Me alarma un Estado en el que el parlamento, en esta situación excepcional, se atreve a legislar sobre cuestiones que afectan a los derechos fundamentales
Y si lo hay y está claro, que no se aplique. Es difícil de entender que, en colegios, universidades, empresas, centros deportivos, centros culturales, medios de transporte o espacios al aire libre haya tanta variabilidad en la aplicación de los mismos conceptos. Eso crea inseguridad, desconcierto, protesta, miedo, desánimo e incertidumbre en las personas.
Me alarma un Estado donde la polaridad y el equilibrio entre lo central y lo descentralizado no pueda ser predecible. Y cambie en función de intereses ideológicos y políticos. Me alarma un Estado que normaliza la excepción y no legisla dentro del marco constitucional para afrontar situaciones nuevas. Y un Estado que hace posible que los gobiernos gobiernen sin control parlamentario. Me alarma un Estado en el que el parlamento, en esta situación excepcional, se atreve a legislar sobre cuestiones que afectan a los derechos fundamentales. Como en el caso de la eutanasia. Y minimizando la participación de la sociedad civil u obviando informes de instituciones relevantes o sociedades científicas. Como el comité de Bioética de España.
Lo peor no es el estado de alarma decretado. Lo peor es la alarma que crea este estado en las personas, las empresas, las instituciones, la economía o los países de nuestro entorno. Debido a la desconfianza, la inseguridad y la falta de criterio que se transmite. Lo que más me alarma es un Estado sin sentido de Estado. Lo que más alarma es la alarma que crea el propio Estado.
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