Isabel González
Según la provisión sanitaria de la Seguridad Social, ocho de cada diez funcionarios públicos acuden a las consultas privadas, lo que supone que más del 80% (aproximadamente 1,3 millones de personas) ha elegido un seguro privado. Cabe preguntar a que se debe esta contradicción. Después de escuchar todos los lemas y leer todas las pancartas expuestas en las “mareas blancas” por la defensa de la sanidad pública y universal, es difícil entender estos datos, cuando se desprende que no sería su preferencia.
Los argumentos de esta elección pasan por la posibilidad de elección del médico, la temida lista de espera o el ahorro presupuestario que se ha producido. Ya en el 2008, UGT, presentaba a Esperanza Aguirre una carta con esta incongruencia, en la que se exigía que se mantuviera la sanidad privada para los funcionarios argumentando que, “no retroceda ni empeore en términos de eficacia y calidad la prestación sanitaria a los empleados públicos de la Comunidad de Madrid acogidos al régimen de colaboración y tampoco se deteriore la situación de los ciudadanos y ciudadanas que reciben la atención sanitaria del SMS”, dejando en tela de juicio la tan defendida sanidad pública.
El 82% de funcionarios público pertenecen a la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, Muface, al que hay que sumar 700.000 personas que incluyen beneficiarios como hijos, parejas o personas a cargo sin ingresos. Al acceder al estatus de funcionario junto al Régimen General de la Seguridad Social, se puede elegir unos Regímenes Especiales de los Funcionarios Civiles del Estado, conciertos sanitarios que ofrecen determinadas compañías privadas como ADESLAS, ASISA Y DKV, entre otras, y que dependen del Ministerio de Administraciones Públicas. Cada año los mutualistas pueden cambiar de compañía, entre las que suscriben el concierto, que se renueva cada tres años, o bien decidir su cobertura a través del proveedor del sistema público.
Muface se financia con las cuotas que se detraen todos los meses de las nóminas de los funcionarios. Está, según las categorías, son de entre 19,3 y 47,3 euros mensuales por persona, y complementariamente, con una aportación del Estado.
En 2010, Muface gastó 1.612 millones de euros. 1.489,6 millones, un 92,4% fueron aportados individualmente a través de la nómina y el resto con una aportación del Estado de 84,4 millones, un 5,2%, unos ingresos de gestión ordinaria de 5,4 millones, lo que se traduce 0,3%, otros extraordinarios de 5,9 millones, un 0,4% y un desahorro de 26,7 millones, un 1,7%.
Desde el Gobierno se preguntan, “¿por qué motivo los sindicatos, que se han convertido en la subcontrata del PSOE para hacer la oposición que son incapaces de hacer en Madrid, atacan a los miembros del gobierno regional con el pretexto de defender la sanidad pública y, sin embargo, defienden con uñas y dientes el modelo privado para ellos?”.
