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Los datos del Ministerio de Sanidad indican que el porcentaje de administración de la vacuna frente al Covid-19 alcanza el 11,5% de las dosis disponibles. Ante esta situación se ofrece la disponibilidad absoluta del sector sanitario privado en todas las Comunidades Autónomas para agilizar el ritmo de vacunación. El objetivo es lograr una más rápida inmunidad, sin incrementar los costes del sistema porque la sanidad privada no factura nada por la vacunación.
Es constante el aumento del número de contagios en las últimas semanas y la demanda asistencial que conlleva. Esto, unido a la saturación ya existente en los servicios de atención primaria, dificultarán aún más la celeridad de la campaña de vacunación. Así, es imprescindible que se utilicen todos los recursos disponibles para que, cuanto antes, esté vacunado un mayor porcentaje de población. Es importante resaltar que la sanidad de titularidad privada cuenta con 458 hospitales, más de 12.000 centros médicos y cerca de 270.000 profesionales.
IDIS recuerda la disponibilidad absoluta del sector sanitario privado en todas las Comunidades Autónomas para agilizar el ritmo de vacunación
Contemplar una logística dinámica que sume voluntades y esfuerzos para todo el proceso es clave. Hay que evitar que las vacunas disponibles estén a la espera de ser administradas al segmento de población previamente establecido. Es necesario permitir avanzar la vacunación en otros grupos de población para lograr el objetivo de inmunización en el tiempo más breve posible.
La disponibilidad de la sanidad privada desde el inicio y durante las distintas fases de la crisis es una muestra irrefutable del compromiso del sector. De hecho, ha prestado asistencia a miles de personas desde entonces hasta llegar hoy a un escenario que sigue requiriendo la colaboración de todos.
La vacunación al mayor volumen de población en el menor tiempo posible es imprescindible y la suma del sector privado es clave. El objetivo prioritario es controlar la situación epidemiológica a la mayor brevedad posible. Toda demora supone un impacto evidente en términos de morbimortalidad, bienestar y calidad de vida para la población.
