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La sanidad penitenciaria española es pionera en implementar programas para reducir la prevalencia de enfermedades mentales e infecciosas

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Según estadísticas de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, actualmente hay en España cerca de 70.000 reclusos, de los cuales en torno al 40% padece un trastorno mental, el 22,4% está afectado de Hepatitis C y el 6,3% tiene VIH. En relación al consumo de drogas, un 79,7% de las personas que ingresaban en prisión manifestaban haber consumido drogas en el mes anterior a su ingreso.

Estos son algunos de los datos proporcionados hoy por el Dr. Antonio López Burgos, presidente de la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria (SESP), durante la presentación del IX Congreso Internacional, XVI Jornadas y I Congreso Internacional de la SESP, que se celebra en Madrid del 15 al 17 de noviembre.

Bajo el lema Madrid punto de encuentro cerca de 500 profesionales sanitarios, tanto del ámbito penitenciario como de la atención comunitaria, se dan cita en Madrid con el objetivo de intercambiar experiencias e incrementar conocimientos en materia sanitaria, siempre con miras a su integración dentro del Sistema Nacional de Salud.

Tal y como explica el Dr. Fabio Sternberg, presidente del Comité Organizador, “creemos que la sanidad penitenciaria española tiene mucho que aportar a la asistencia sanitaria en prisiones de otros países, así como aprender diferentes abordajes realizados en prisiones del extranjero”.
 
En este sentido, el Dr. Sternberg apunta que “la sanidad penitenciaria española es un sistema de garantía, donde el interno recibe una atención equivalente a la prestada en la comunidad. Así mismo hemos desarrollado programas dirigidos específicamente a la población reclusa orientados a la detección precoz de enfermedades infecciosas, programas de reducción de daños o programas de atención al enfermo mental.
 
Ambos expertos insisten en la importancia de celebrar foros de este tipo para continuar formando a los profesionales sanitarios que trabajan en la prisión y que sus conocimientos repercutan en beneficio de los presos. “Recordemos que, en muchos casos, el primer contacto que se produce entre estos y el sistema sanitario, se da, precisamente, en prisión. Los presos son parte de nuestra sociedad y aunque en un momento dado estas personas se encuentran privadas de libertad, tarde o temprano regresarán a la comunidad, por lo que es interés de todos que salgan de prisión con buenos hábitos y con un buen estado sanitario”, señala el Dr. Sternberg.

Situación actual de la sanidad penitenciaria en España
El Dr. Antonio López Burgos, presidente de la SESP, explica que “la sanidad penitenciaria debería ser entendida como una subespecialidad dentro de la medicina. El sanitario de prisiones ha de conocer y saber manejar aspectos relacionados con las enfermedades infecciosas, psiquiátricas, de drogodependencias, más allá de los conocimientos propios de su especialidad de Atención Primaria”.

En España, la sanidad penitenciaria está integrada en el organigrama del Ministerio del Interior, dependiente de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, a través de la Subdirección General de Coordinación de Sanidad Penitenciaria. “Entre los objetivos fundamentales de nuestra Sociedad está la integración de la sanidad penitenciaria en los distintos sistemas autonómicos de salud, algo que sólo se ha conseguido en el País Vasco, donde una verdadera voluntad política ha propiciado la integración de la sanidad penitenciaria en Osakidetza (Sanidad Pública Vasca)”, explica este especialista.

En  Cataluña, en cambio, la sanidad penitenciaria depende del Departamento de Justicia de la Generalitat catalana, y su proceso de integración en el sistema público todavía no se ha logrado.

Por último, cabe destacar que, según datos de la Memoria de Sanidad Penitenciaria del año 2011, el equipo sanitario está compuesto por alrededor de 370 médicos, 550 enfermeros, 34 farmacéuticos y unos 400 auxiliares. En las 11 prisiones catalanas trabajan alrededor de 300 profesionales de la Sanidad Penitenciaria, dependientes del Departamento de Justicia de la Generalitat Catalana, en torno a 90 médicos, algo más de 100 enfermeros, y el resto personal auxiliar.

La necesidad de integrar la sanidad penitenciaria en las consejerías de salud
La situación económica de España afecta también al ámbito de la sanidad penitenciaria. En este sentido, las autoridades penitenciarias han llevado a cabo recortes presupuestarios en el ámbito sanitario incidiendo en la reducción del gasto farmacéutico y de personal. “Esto último afecta gravemente a la apertura de nuevos centros penitenciarios, debido a la falta de profesionales sanitarios para atenderlos”, recalca el Dr. López Burgos.

Otra de las medidas que todavía está pendiente de resolver es la sustitución de las guardias de presencia física en los centros penitenciarios por guardias de presencia localizada, “lo que tendría un impacto negativo en la asistencia médica que actualmente se presta a las personas privadas de libertad”, según afirma el Dr. López Burgos.

“En nuestra opinión, se está poniendo de manifiesto la falta de recursos económicos y medios personales del Ministerio del Interior para manejar una competencia que  consideramos debería ser exclusiva de una organización sanitaria como las consejerías de salud de las comunidades autónomas”, advierte el presidente de la SESP.

Tal y como explica, “según la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud de mayo del 2003, los servicios sanitarios dependientes de Instituciones Penitenciarias serían transferidos a las comunidades autónomas para su plena integración en los correspondientes servicios autonómicos de salud en un plazo de 18 meses desde la entrada en vigor de la ley. Han transcurrido casi nueve años desde que se acabara el plazo para esa integración, y nada se ha hecho al respecto, salvo en el País Vasco, donde la integración ha sido efectiva en un plazo inferior a un año, demostrando que la voluntad política es la única que puede resolver este problema que afecta no solamente a los profesionales de la sanidad penitenciaria, sino fundamentalmente a los derechos asistenciales de la población privada de libertad”.

Se demanda una mayor implicación de la administración penitenciaria
Entre los años 80 y 90, cuando la epidemia de la infección del VIH se convirtió en el mayor problema de salud al que se enfrentaban los profesionales sanitarios, con una población drogodependiente como población diana de la infección, se asentaron las bases de lo que conocemos actualmente como sanidad penitenciaria. “Desde hace unos años, nos enfrentamos a otros retos como son la infección por el virus de la Hepatitis C, las enfermedades emergentes, el aumento de la población penitenciaria procedente de otros países, la tuberculosis, la drogodependencia y sobre todo, la patología mental”, apunta el Dr. López Burgos.
 
Asimismo, este experto explica que “a día de hoy no existen protocolos de actuación definidos por la administración penitenciaria para patologías que deban ser competencia de la atención especializada, por lo que desde la SESP hemos elaborado algunos relativos a patologías relevantes” como: