La “honestidad” de López Arribas ya no puede suponerse, ahora se va a juzgar. La Administración de Justicia ha encontrado evidencias de que su actuación ha sido irregular y delictiva, por eso ha admitido a trámite una denuncia contra ella, su marido Joaquín Ruíz Escagedo militar como ella y su amigo personal y ex-Director General Antonio Mora. Los tres están acusados, esta vez, de un continuo delito de revelación de secretos.
Para entender bien los hechos hay que remontarse al inicio de la legislatura cuando López Arribas anunció a toda la Junta Directiva que Antonio Mora era un miembro del CNI, ocultó su “estrecha” relación con él, y aseguró que tenía que ocupar el cargo de Director General por imposición del ejército dada su condición de militar. Con el tiempo, por petición de la asamblea de compromisarios y dada la pérdida de confianza en él de la Junta Directiva, la presidenta insistió en mantenerle con cargo de asesor suyo y un sueldo, aunque no tenía funciones definidas ni horario establecido. Fue durante su etapa como asesor cuando ocurrieron los hechos denunciados a pesar de tener firmado un acuerdo de confidencialidad.
Según explica la querella, Mora, Ruiz Escagedo y López Arribas fueron realizando un continuo delito de “revelación de secretos” para permitir una estrategia de actuación presidencial al margen de la Junta Directiva, interrumpiendo las funciones para las que fue elegida y entorpciendo la labor de la Junta y el correcto funcionamiento del Colegio. Las “abrumadoras” evidencias aportadas, con actas notariales incluidas, muestran que los destinatarios de la información han sido Asun Rosado, compromisaria y mano derecha de Miguel Angel Sánchez Chillón, candidato en las últimas elecciones, Carlos Amaya, ex-asesor de la Junta Directiva, y algún otro…
Los tres acusados tendrán que declarar como imputados ante el juez por la veracidad de las pruebas aportadas o por asegurar que las actas levantadas por el notario son falsas
La Comisión Deontológica Central también propone sancionar a López Arribas
López Arribas también tiene una propuesta de la Comisión Deontológica Central para ser sancionada. Un informe realizado tras diferentes denuncias ante la Comisón Deontológica Central se llega a la conclusión de que “el artículo 44.10 del Código de Deontología Médica, indica que: ‘Los directivos colegiales respetarán las legítimas actuaciones de las Juntas o Asambleas y el ejercicio responsable del derecho a decidir los asuntos por votación. Tendrán en cuenta y serán respetuosos con las opiniones de las mayorías colegiales’. Por todo ello, consideramos que se han vulnerado estos artículos por parte de la Dra. López Arribas, por lo que se propone la apertura del correspondiente expediente.
Con relación a las denuncias presentadas por la Dra. López Arribas contra los Dres. Sánchez Atrio y Villa Alcázar, no encontramos fundamentos que las sustenten en la documentación aportada”.
No obstante, y de manera “sorprendente” la propia Asamblea General de la OMC ha decidido abrir un expediente informativo a Presidenta, Vicepresidenta y Secretario, desoyendo a su comisión deontológica y a sus propios estatutos. Según manifiesta la propia Comisión la OMC “no tiene facultades para ello y que tampoco lo haga sobre la petición de intervención en los órganos de gobierno del ICOMEM ya que tampoco tiene potestad para ello”
..Alfonso Gonzalez
