La generalización de la receta electrónica en nuestro país es un reto que el Ministerio de Sanidad arrastra desde hace años y que a Ana Mato le gustaría ver cumplido en el presente ejercicio, al menos a modo de pilotaje. Pilar para la nueva etapa sanitaria, como consta en los discursos ministeriales y en las recomendaciones del Consejo Asesor de Sanidad, su implantación se resiste en tres comunidades autónomas (Castilla y León, La Rioja y Murcia) en las que ni tan siquiera hay constancia de proyectos de implantación en ninguno de los dos niveles asistenciales. Así consta en el informe que el Ministerio le ha enviado a la Comisión Europea en el que hace balance de las políticas sanitarias emprendidas desde 2012 y el que, a su vez, ha sido valorado por el Comité de Protección Social. Con fecha de enero de 2014, Sanidad proporciona una tabla que refleja un grado de implantación total (o cercano al 100%) en 12 comunidades autónomas (Galicia, Baleares, Andalucía, Valencia, Extremadura, Cataluña, País Vasco, Castilla-La Mancha, Canarias, Navarra, Aragón, Cantabria), mientras que en una posición intermedia se encuentran Madrid y Asturias, quedando relegadas Murcia, La Rioja y Castilla y León. Esta última (seguramente por la importancia de sus dimensiones territoriales) es destacada de forma especial en la gráfica ministerial. (Redacción Médica)
