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Los pediatras reclaman un correcto registro de los recién nacidos para que la calidad asistencial no se reduzca

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La normativa actual recoge que los recién nacidos sean registrados de forma provisional en los sistemas informáticos de los centros de salud, hasta que soliciten y obtengan la tarjeta sanitaria individual (TSI), pudiendo estos trámites demorarse varios meses. Durante este tiempo, estos niños no computan en el número total niños asignados por profesional, lo que dificulta la adecuada planificación de recursos humanos con la consiguiente disminución de la calidad asistencial“. Esta es la denuncia que las sociedades científicas de pediatría de Madrid, – Asociación Madrileña de Pediatría de Atención Primaria (AMPap) y Sociedad de Pediatría de Madrid y Castilla la Mancha (SPMyCM) – hacen ante la reciente nota interna de la Gerencia de Atención Primaria “Modificación de Tipos de Ciudadano recién nacido” del pasado 17 de febrero.

Los pediatras de Atención Primaria reclaman que se reconozca “el trabajo y la carga asistencial real que realizamos los pediatras de AP de Madrid y garantizar la equidad entre los niños madrileños“.

La nota interna de la Gerencia de Atención Primaria anunciaba el pasado 17 de febrero que cambiaba el tipo de ciudadano asignado a los recién nacidos, y además, el nuevo título provisional debía reducirse y acomodarse al nuevo título jurídico que le corresponda a cada uno, pudiendo así estar regularizados en el cupo de sus Pediatras. La caducidad acordada, anunciaba la Gerencia de Atención Primaria, era de 90 días desde la fecha de nacimiento, ya fuera ésta de Atención Primaria o del hospital. Asimismo, se introducía un borrado y paso a histórico automático una vez transcurridos los 90 días.

Los pediatras reclaman que todo menor que acceda al sistema sea dado de alta en el mismo, de forma que pueda computarse a todos los efectos y tenga garantizada la asistencia en condiciones de equidad sea cual sea su situación.

La propuesta de la Administración, según los pediatras, podría ocasionar perjuicios a los menores cuyas familias tengan dificultades para obtener los documentos necesarios para la solicitud de la TSI, y además supone una sobrecarga de trabajo a las unidades administrativas. Se trata de “evitar que un problema administrativo interfiera en la agilidad y calidad de la asistencia prestada a los recién nacidos en AP“, explican.
..Alfonso González