Los diferentes agentes sociales relacionados con la política no han acogido positivamente el anuncio del ministro Alfonso Alonso de estudiar el acceso a la sanidad pública de los inmigrantes sin papeles, sin derecho a tarjeta sanitaria desde la reforma de la ex ministra Ana Mato en 2012.
Mariano Rajoy, presidente del Gobierno, sin embargo ha declarado que considera “sensato y razonable” que se estudie permitir el acceso de los inmigrantes en situación irregular a la Atención Primaria a través de los centros de salud, ya que permitirá “entre otras cosas que no se colapsen las urgencias“.
Algunas de las ONG’s vinculadas al trabajo con estas personas como Médicos del Mundo, Amnistía Internacional, Red Acoge o CERS se mostraron en su momento muy críticas con la medida, y ahora que se ha dado una marcha atrás son los partidos políticos las que no quieren esa medida.
El PSOE ha exigido al Gobierno de España que “no especule con la Sanidad Universal por motivos electoralistas”, la propia Maria José Sánchez Rubio, secretaria federal de Sanidad, ha manifestado que “el Gobierno de España lo que debe hacer es garantizar la sostenibilidad del Sistema con una financiación justa y adecuada, así como derogar los copagos, y no poner obstáculos a las medidas de eficiencia de las Comunidades Autónomas, como la selección pública de medicamentos andaluza“. También ha recordado la postura que su partido ha seguido continuamente “la salud es un derecho de todas las personas, no solo de quien pueda pagarla”.
Gaspar Llamazares, portavoz de Sanidad de Izquierda Unida, que este mismo mes de marzo defendió la necesidad de derogar esta norma, ha exigido ahora que se “lleve a cabo de forma urgente una evaluación a conciencia de las consecuencias sanitarias y económicas” de la misma durante todo este tiempo. También ha exigido que se explique “por qué estos inmigrantes van a seguir careciendo de tarjeta sanitaria”.
Por su parte UPyD ha solicitado la comparecencia del ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, en comisión en el Congreso para explicar la medida, y Rosa Díez, ha pedido a Alonso las razones que han hecho cambiar de opinión sobre el riesgo para la salud pública de que los inmigrantes irregulares no reciban atención sanitaria “cuando lleva tres años defendiendo lo contrario“. También ha preguntado cuando el Gobierno piensa cambiar a situación.
Los sindicatos tampoco han recibido bien el anuncio. CCOO ha considerado “insuficiente y electoralista” la propuesta del ministro por la cercanía de las próximas elecciones autonómicas y municipales. UGT ha alegado que la medida “como titular de prensa está muy bien“, pero ha insistido en que es necesario derogar la situación actual y volver a la ley de sanidad pública de 2011 que promulgó el PSOE y que estableció que “la tarjeta sanitaria se concedía por el hecho de ser persona“.
También el sindicato CSI-F ha emitido una nota en la que afirma que “la rectificación que hoy conocemos es insuficiente. Nuestra sanidad ha alcanzado un nivel de deterioro muy elevado que únicamente se salva gracias al esfuerzo que realizan todos los días sus profesionales“.
Ámbito profesional
Desde algunos ámbitos profesionales también se ha entrado valorar la medida. La Organización Médica Colegial (OMC) ha celebrado la decisión, y recuerda que “esta medida rectifica la reforma sanitaria promovida a través del Real Decreto 16/2012, que limitaba, desde septiembre de 2012, la atención sanitaria a los inmigrantes en situación irregular, que sólo podían ser atendidos a través de urgencias (a excepción de la atención a menores de edad y embarazadas, que se mantenía en los mismos términos)“. “Esta decisión acaba con los dos años y medio que los inmigrantes irregulares han estado fuera del sistema sanitario” explica el comunicado de la OMC.
Desde las sociedades de Atención Primaria también se ha celebrado la medida. José Luis Llisterri, presidenten de SEMERGEN, ha asegurado que es una noticia “bien recibida“, y ha recordado que el real decreto 16/2012 de reforma sanitaria “tenía ciertas lagunas“, como la falta de asistencia gratuita a los inmigrantes. También desde la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC), que representa a más de 20.000 profesionales de atención primaria de toda España, ha manifestado en una nota su “satisfacción” por la medida, y su presidente, Josep Basora, ha pedido al Gobierno que “garantice una sanidad pública universal para los colectivos más desfavorecidos, y no únicamente un paquete mínimo“.
..Alfonso González
