El juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Toledo ha condenado al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) y a su aseguradora a indemnizar con 116.888 euros a una mujer a la que, debido a la realización incorrecta de una prueba médica, perdió el útero y los dos ovarios, y es que así consta en la sentencia del tribunal, que tiene su origen en una denuncia de los servicios jurídicos de la Asociación del Defensor del Paciente interpuesta el 25 de febrero de 2011.
La sentencia que, ha sido facilitada por la Asociación el Defensor del Paciente, relata que el 12 de mayo de 2009, durante una revisión ginecológica rutinaria, se le diagnosticó a la mujer útero atrófico con endometrio de 14 milímetros, por lo que se le indicó la realización de una prueba médica denominada histeroscopia diagnóstica en el Hospital Santa Bárbara de Puertollano (Ciudad Real).
En este sentido, la sentencia señala que a la mujer se le informó de los riesgos que conllevaba la anestesia necesaria para practicar dicha prueba, pero no de los que entrañaba la prueba en sí, ya que incluso indica que a la afectada se le dijo que se le iba a practicar otra técnica.
Durante la realización de la prueba, tal y como señala la sentencia, la doctora le dijo que tenía un pólipo en el útero y que se lo iba a extirpar, momento en el que la mujer sintió un gran dolor y que, debido a la sedación, ya no recuerda nada más.
Tras estos hechos, la paciente fue dada de alta a pesar de que tenía un “gran dolor abdominal”, motivo por el que tuvo que volver a ingresar el 27 de mayo y finalmente tener que ser operada de nuevo el 28 de mayo.
Sería en esta intervención cuando se le tuvo que hacer una histerectomía, es decir, la extracción del útero, y extirpar un trozo de intestino, dado que ambos órganos estaban perforados.
La condena se basa en “el defecto en la técnica quirúrgica, al producirse no solo una doble perforación de útero, sino también una perforación intestinal que pasó desapercibida para la ginecóloga, complicación rarísima en la práctica de la citada prueba”.
Ante estos hechos, la sentencia considera que la mujer recibió una “defectuosa asistencia sanitaria”, motivo por el que sufre secuelas como la pérdida del útero y de los dos ovarios, así como la resección parcial de intestino.
El Tribunal fija la indemnización total que debe abonar la Administración en la cantidad de 116.888,05 euros, más los intereses legales desde el 25 de febrero de 2011, lo que supondrá finalmente una condena de más de 140.000 euros.
