AMYTS ha solicitado a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid la apertura de expediente informativo, auditoría e inspección de los servicios del Hospital de Torrejón. Este centro pertenece al Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) y por tanto está gestionado con fondos públicos, aunque su gestión, en régimen de concesión, es realizada íntegramente por la empresa privada Torrejón Salud, cuyo accionista mayoritario es Sanitas. Aunque la gestión sea privada, la Consejería de Sanidad y sus servicios de inspección son, por imperativo legal, plenamente responsables de su funcionamiento y calidad asistencial.
Las irregularidades detectadas, denunciadas por los facultativos ante la empresa, hasta ahora sólo han dado como resultado inmovilismo en la gestión y algunos despidos arbitrarios. Los médicos son muy conscientes de que los pacientes están percibiendo los cambios cualitativos que se están produciendo. La Consejería tiene que actuar porque la seguridad de los pacientes empieza a estar en riesgo.
Los hechos, en detalle, son los siguientes:
- Sobrecarga de trabajo con plantillas mínimas. Ello ocasiona: muchos pacientes por cada profesional, agendas saturadas, ritmo agotador.
- Establecimiento de objetivos asistenciales que no premian la calidad, sino el trabajo a destajo. Fiscalización de agendas en algunos servicios, reducción de los tiempos asignados a cada paciente, ausencia de planes de crecimiento para las especialidades menos “mediáticas”.
- Recambio suicida de plantillas. Con el fin de abaratar costes y reducir el número de trabajadores antiguos, y por tanto más caros para la empresa, se permite la marcha de profesionales de gran experiencia y se procede a la contratación de profesionales ajenos al funcionamiento del centro. Cuando éstos se han formado, marchan, ante las condiciones ofrecidas, repitiéndose un ciclo que impide el diseño de un proyecto a largo plazo.
- Se establece una férrea fiscalización de algunos trabajadores, que se sienten señalados en sus puestos de trabajo por su actitud de denuncia de las irregularidades, llegándose al despido de algunos, como una caza de brujas. Despidos argumentados con sanciones disciplinarias que encubren la escasa tolerancia de la empresa a la crítica constructiva. Se genera, así, un ambiente hostil en el que los trabajadores temen ser vistos en conversaciones con representantes sindicales, no denuncian situaciones flagrantes por miedo a represalias de sus superiores y aceptan sanciones injustas, por dificultad para demostrar lo que sucede realmente.
Estamos ante el tercer problema grave originado por la gestión de Sanitas en este Hospital
AMYTS denunció el pasado septiembre un “fuga de cerebros” por la renuncia de 47 especialistas en el plazo de un año al haber endurecido Sanitas las condiciones de trabajo pactadas para la apertura en 2011 con Ribera Salud, primera empresa que lo gestionó.
En enero de 2015, AMYTS denunció nuevamente que la empresa había forzado en 2014 un cambio en el sistema retributivo que ocasionó una merma del 30% de los salarios, vinculando los objetivos a parámetros macroeconómicos alejados de conceptos relacionados con la calidad asistencial.
En la presente ocasión, un auténtico “choque de trenes”, ante el empeño, profesionalidad y dignidad ética de los facultativos cuyo primer interés son los pacientes y la posición de la empresa, cuyo único motor es el beneficio económico. La multinacional Bupa Sanitas dio más de 148 millones de euros de beneficios en 2013.
