No sólo las personas inmigrantes que se encuentran en situación irregular en España están siendo excluidas de la atención sanitaria, sino que hay otros colectivos que están siendo afectados, tales como los ciudadanos comunitarios y sus familiares, y es que así lo denuncia Red Acoge en un informe, donde además pide a todos los partidos políticos acabar con la exclusión sanitaria recogida en el Real Decreto-Ley 16/2012.
Para la realización de este informe, Red Acoge ha recogido durante casi tres años datos en cinco Comunidades Autónomas a través de cinco asociaciones que forman parte de la esta federación de ONG: Bayt Al-Taqhafa (Cataluña), Guada Acoge (Castilla-La Mancha), Karibu (Comunidad de Madrid), Murcia Acoge (Región de Murcia), y Procomar Valladolid Acoge (Castilla y León).
Este trabajo se enmarca en la campaña de sensibilización ‘Yo Elijo Ser Humano’, en la que se pide al ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, que el Gobierno devuelva el derecho a la atención sanitaria universal a todas las personas que vivan en España en igualdad de condiciones. “La actual legislación en materia de atención sanitaria ha supuesto una discriminación todavía mayor de la que se podía prever”, señala la organización en un acto que fue celebrado recientemente en el Colegio de Médicos de Madrid.
Durante el acto, la responsable del área Jurídica de la federación, Inés Díez, pidió un compromiso firme de todos los partidos políticos para acabar con la exclusión sanitaria que desde la publicación del Real Decreto-Ley 16/2012 sufre la población de origen inmigrante que se encuentra en España en situación irregular.
Dos son los supuestos que a día de hoy no tienen derecho a asistencia sanitaria
El supuesto más frecuente es el de progenitores de ciudadanos que han adquirido la nacionalidad española y posteriormente han reagrupado a sus ascendientes. “En la práctica, se están otorgando las residencias sin necesidad de aportar dicho seguro privado por lo que el INSS amparándose en esta exigencia de la legislación de extranjería no está concediendo el derecho de acceso a la atención sanitaria”, explican.
Esto está provocando que las personas que se han visto excluidas hayan comenzado a presentar demandas ante el Juzgado de lo Social, que sí está reconociendo que en estos casos las personas residentes tienen derecho a tener tarjeta sanitaria.
El segundo supuesto es el de los descendientes de ciudadanos españoles nacionalizados y que una vez adquirida la nacionalidad reagrupan a sus descendientes mayores de edad pero menores de 26 años. Estos no tienen derecho a asistencia sanitaria salvo en caso de urgencias (o en el caso de las mujeres por embarazo, parto y posparto) e igualmente, tampoco pueden suscribir el convenio con la administración puesto que se encuentran en situación regular en España. También en este caso están siendo los tribunales los que han empezado a reconocer que en estos supuestos los familiares residentes sí tienen derecho a la asistencia sanitaria en igualdad de condiciones.
Red Acoge demanda en el informe una mayor información sobre el alcance de la reforma por parte del personal sanitario, fundamentalmente, por parte de aquellas que atienden en los mostradores; y una mayor sensibilización de la población y visibilización de lo que ocurre en la práctica con la población inmigrante.
Asimismo, recuerda que en el caso de las mujeres embarazadas, debe extenderse la asistencia sanitaria a cualquier dolencia que las mismas sufran durante el embarazo, parto y postparto y no limitarse a aquellas dolencias vinculadas con el embarazo, parto o postparto.
Finalmente, pide que se garantice el acceso en todo caso de aquellas personas que son enfermos crónicos o que padecen patologías como VIH.
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