Cristina Cifuentes aseguró que después de tres años sin dar cobertura sanitaria a los inmigrantes irregulares, Madrid tiene “obligación moral de atender médicamente a cualquier persona, con independencia de que tenga papeles o no”. Una argumentación parecida a la que ya han esgrimido otras comunidades.
Madrid se suma así a Aragón, Cantabria, Baleares o Valencia que ya habían anunciado previamente la atención sanitaria a “todas” las personas que llevaran un tiempo empadronados en sus comunidades. Cada comunidad ha puesto de manifiesto unas peculiaridades, pero se van adelantando a la idea del ministro Alonso que anunció a finales de julio que pretendía facilitar un documento a los “sin papeles”, renovable cada año, para que pudieran ser atendidos en la comunidad en la que estuvieran empadronados.
Reacciones inmediatas
Por un lado desde las propias filas del Partido Popular han salido al paso de esta nueva medida, tanto Rubén Moreno como el propio Mariano Rajoy.
Rubén Moreno, secretario general del Ministerio de Sanidad, ha advertido que esta medida pueda suponer multas cuantiosas de la Comisión Europea, y anunció la posibilidad de tomar medidas contra los gobiernos autonómicos que tratan de “vulnerar las competencias estatales”, y explicó que si estas normas autonómicas son anticonstitucionales “el Estado tendrá que actuar”.
El propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha indicado que en septiembre se resolverá “definitivamente” el tema de la atención sanitaria a los inmigrantes irregulares, añadiendo que “los derechos, igual que los deberes y las obligaciones, deben ser exactamente iguales para todos en todo el territorio“.
Por otra parte, José Martínez Olmos, portavoz de sanidad del Partido Socialista, ha asegurado que es “inadmisible” la amenaza de Moreno a las comunidades autónomas, y ha asegurado que desde la filas del Partido Popular hay “nervios porque la iniciativa de las comunidades autónomas les ha desmontado su estrategia electoralista“.
..Alfonso González
