Andrea tiene 12 años y sufre una enfermedad neurodegenerativa e irreversible que dio la cara cuando tan solo tenía ocho meses de edad. El pasado 9 de junio, una hemorragia gastrointestinal la llevó al Complejo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS), donde lleva ingresada casi cuatro meses. En agosto, entró en vigor la Ley gallega de derechos y garantías de dignidad de las personas terminales, que garantiza los cuidados paliativos al final de la vida y que se respete la voluntad del paciente a rechazar procedimientos quirúrgicos, de hidratación y alimentación y de reanimación artificial, cuando sean extraordinarios o desproporcionados, así como la de que no se implementen o se retiren medidas de soporte vital que puedan conducir a una prolongación innecesaria de la agonía. Desde ese mismo mes también se aplica una disposición adicional introducida en la ley de protección a la infancia que reforma la Ley de Autonomía del Paciente de 2002 y que proclama que, en caso de conflicto, ha de prevalecer la decisión que más beneficia la vida y salud del paciente. (Diario Médico)
