La última modificación del Código Penal, que entró en vigor el pasado 1 de julio, reconoció por fin la figura del profesional sanitario como autoridad pública, pero también ha generado incertidumbre. La principal causa de esta desconfianza es la eliminación de las faltas junto a la introducción de la imprudencia menos grave, entre la grave y la leve. “Parece que el legislador ha querido suprimir las faltas, pero no las suprime”, explicó Eduardo Torres Dulces, ex fiscal general del Estado en el taller de trabajo organizado por AMA ‘Responsabilidad penal de los profesionales sanitarios tras la reforma del código penal’ durante el Congreso Nacional de Derecho Sanitario la semana pasada. La determinación ahora de qué se puede considerar o no imprudencia menos grave dependerá de los tribunales de justicia. “Será la jurisprudencia la que deberá adecuar este concepto perturbador”, subrayó Torres Dulce. Pero no solo el fiscal general del Estado cargó contra la reforma del Código Penal, también los hicieron los magistrados de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, José Manuel Maza y Antonio del Moral, que coinciden en la “inseguridad jurídica” que provoca el texto en el medico. (Gaceta Médica)
