La Generalitat ha intervenido el Consorcio Sanitario del Maresme (CSdM), la empresa pública que gestiona el hospital de Mataró, entre otros centros. Como informa El País, la intervención implica la suspensión del régimen especial de autonomía de gestión del que gozaba, al igual que el resto de consorcios sanitarios públicos. La Generalitat toma esta medida tras detectar un déficit de unos dos millones de euros en las cuentas del ejercicio de 2014.
El consorcio que, tiene un presupuesto de 105 millones de euros al año y da asistencia sanitaria a unas 265.000 personas de la comarca del Maresme, no ha podido hacer frente al atasco financiero que arrastra desde hace unos años, motivo, que según informa el diario, hace que la entidad lleva desde finales de 2014 preparando un plan de reequilibrio y rescate para evitar la intervención económica.
El régimen especial que, exime a los centros de aplicar las medidas que afectan a entidades del sector público de la Generalitat, en este caso, como recoge la información, la intervención no comporta la caída de la cúpula directiva del centro ni el desembarco de una comisión gestora para hacerse cargo del consorcio.
Fuentes consultadas por El País aseguran que con esta intervención, “no se espera el desembarco que sucedió en el hospital Sant Pau”, y es que por aquel entonces, esa intervención trajo como consecuencia la inmediata destitución del director del centro, y la entrada de una comisión de técnicos del Gobierno para gestionarlo. Sin embargo, matizan que “aún no se sabe muy bien qué significará esto”.
Esta intervención supone una pérdida de privilegios, y es que la suspensión del régimen especial de autonomía de gestión, como recuerda El País, en el pasado mes de diciembre, en una carta enviada por el director del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) Josep Maria Padrosa, a los gerentes de la red concertada, se analizaban las consecuencias que traería consigo el disponer o no de un régimen especial, y es que sin él, suponía que solamente se pagarán como máximo, el 25% de las retribuciones variables vinculadas a objetivos y desaparece el pago de complementos de productividad. Además, la gestión de todo el presupuesto dependerá de la Ley de Presupuestos de la Generalitat. Con el régimen especial, el presupuesto estaba sujeto exclusivamente a las bases de ejecución aprobadas por los órganos de gobierno de las entidades.
Mientras, desde la junta rectora del CsdM, intentan mantener un mensaje de tranquilidad a sus trabajadores, asegurando que se trata de una medida que tendrá pocos efectos a niveles laborales, además, recuerdan que el responsable máximo de la situación económico actual por la que pasa el CsdM, no es otro que la Generalitat, y es que les adeuda 32 millones de euros, de los que “12 fueron por recortar las condiciones de los empleados”.
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