Miguel Cañete, de 60 años, tras haber perdido completamente la visión después de ser operado en febrero en los dos ojos y ser tratado con perfluoroctano, denunciará al Servicio Andaluz de Salud (SAS) como “aplicador del fármaco”.
Y es que este cordobés, natural de Lucena, como ha afirmado su hijo Miguel a Efe, es el único paciente que ha perdido totalmente la visión, supuestamente por el empleo de este medicamento que, esta semana también ha sido protagonista en los medios, y es que es el mismo que habría provocado que al menos cuatro personas se hayan quedado ciegas de un ojo tras ser operadas en el Hospital Donostia de San Sebastián y también lo hayan denunciado.
Todas estas personas tienen en común que fueron presuntamente tratadas con perfluoroctano, un compuesto sintético que se utiliza en la cirugía ocular para reparar desprendimientos de retina, y que está comercializado en este caso bajo la marca comercial ‘Ala Octa’.
El caso de Miguel Cañete, se remonta a enero de este año, cuando se le diagnostica desprendimiento de retina en ambos ojos, por lo que se sometió a dos intervenciones quirúrgicas en el Hospital Reina Sofía de Córdoba los días 2 y 18 de febrero.
Como explica su hijo, tras la segunda intervención a su padre “se le apaga la luz” y queda “ciego a expensas de la recuperación”, una recuperación en la que no llega ni al 0,05 de la visión, que es “el equivalente de una pérdida total”.
En las revisiones posteriores a la cirugía le comentaron que era muy extraño que no recuperara la vista, a pesar de que en la operación el ojo se había pegado bien a la retina, y como afirma su hijo, en julio, “la doctora da el caso por perdido”.
Este diagnóstico tan contundente hizo que acudiera en busca de más opiniones, por lo que decidió ir a la clínica privada de La Arruzafa, en Córdoba, donde el doctor Juan Manuel Laborda, después ver al paciente, detectó “un atrofiamiento muy grande en la retina y en el nervio óptico, que presentan necrosis” y lo asoció con la “alerta sanitaria asociada” al medicamento ‘Ala Octa’.
En agosto, como cuenta Cañete hijo, Laborda comunicó a la familia que había hablado con la doctora que atendió a su padre, la cual no le aseguró que el caso estuviera relacionado al medicamento, aunque admitió que lo había usado. “Ella nos dice que es muy difícil ir en contra de una compañía farmacéutica tan grande, pero yo le dije que a nosotros no nos va a mandar a casa”, afirma, quien no obstante alega que la doctora en ningún caso cometió “negligencia médica”, aunque le hubiera gustado por su parte haber mostrado una mayor “empatía”
Hace pocas semanas contactó con el despacho de abogados bilbaíno Gómez Menchaca que, especializado en derecho sanitario, representa a tres de los pacientes que fueron operados en el Hospital Donostia. El consejo por parte del bufete es claro, y es que le ha aconsejado que “la mejor forma de abordarlo es mediante una reclamación de patrimonio al SAS por su responsabilidad como aplicadores de este fármaco”.
Mientras tanto, Cañete explica que su padre, trabajador del Banco Popular que lleva de baja desde febrero “ha tardado un tiempo en admitir lo grave de su situación, y ahora ha ido a la ONCE, donde le pueden ayudar, y eso ha sido un paso tremendo”.
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