El sindicato CSI-F ha informado de que el Tribunal Supremo, en una sentencia emitida por su Sección Séptima, anula de manera definitiva la orden 2/2013 de 7 de junio que obligaba al personal sanitario a jubilarse, de manera forzosa, a los 65 años. El dictamen ratifica la decisión previa del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana tras recurso del sindicato. Conselleria de Sanidad pleiteó ante el Supremo, que también ha respaldado los alegatos de la central sindical.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) explica que la sección séptima del Supremo, al igual que ya hizo en julio de 2014 la sección 2 del TSJ, considera que para regular una cuestión de estas características “es necesaria una norma de mayor rango”. El tribunal apunta que “la regulación de la jubilación afecta directamente a los derechos del personal, por lo que deriva la conveniencia de su regulación mediante norma de mayor rango que una orden de Conselleria”.
“La naturaleza de su contenido, la afectación del personal funcionario junto al personal estatutario, y su carácter de norma de aplicación de las previsiones de una ley estatal, hace descartar el carácter meramente organizativo interno que, a juicio de la Administración, justificaría que esta materia haya quedado regulada mediante orden”, afirma la sentencia.
CSI·F comenta que, al igual que la sentencia del TSJ, la del Supremo recrimina la falta de un informe del Consell Juridic Consultiu que hubiera permitido a la Administración “conocer las reflexiones de este cualificado órgano, ponderándolas en la redacción del texto normativo”.
El fallo del Tribunal Supremo certifica que “no ha lugar al recurso de casación interpuesto por Conselleria” contra la sentencia del TSJ de anular la orden que regula el procedimiento para la jubilación forzosa, la prolongación de la permanencia en el servicio activo y la jubilación voluntaria del personal. Además, impone las costas procesales a Conselleria.
CSI-F considera una gran noticia el dictamen del Supremo, ya que la orden de jubilación forzosa “ocasionaba un grave perjuicio a los interesados porque les priva de su derecho a continuar en el servicio activo a pesar de que se encuentren en perfectas condiciones para hacerlo. También permitirá a la sanidad valenciana aprovechar el bagaje de estos profesionales más años para ofrecer una atención más adecuada al ciudadano”. El sindicato urge a Conselleria de Sanidad a aplicar la sentencia.
