El ex jefe del servicio de cirugía cardíaca del hospital Vall d’Hebron, Manuel Galiñanes, que denunció el pasado 28 de octubre ante el Síndic de Greuges (Defensor del Pueblo catalán) que la muerte de dos pacientes en dicho hospital fue debida al cierre de quirófanos en verano que motivó retrasos en la lista de espera de cirugía cardíaca que provocaron sus decesos, según informa El País, la semana pasada -5 de noviembre- ha vivido un nuevo giro el tema con la resolución del Defensor del Pueblo catalán, Rafael Ribó, tras estudiar el caso.
“No hay indicios concluyentes”, y es que así lo considera Ribó, por lo que descarta la idea de atribuir las muertes de los dos pacientes a los recortes presupuestarios en Sanidad.
La denuncia de Galiñanes, en la que atribuía la muerte de dos pacientes por la falta de quirófanos para poder ser operados, rápidamente encontró la respuesta del Vall d’Hebron argumentando y justificando que en uno de los casos, el paciente entró en urgencias presentando un cuadro de fiebre y nunca se planteó la posibilidad de que fuese intervenido, y es que según informa la dirección del centro, falleció por complicaciones derivadas del cáncer terminal que padecía. En el otro caso, el paciente fallecía en su casa después de que en un par de ocasiones fuese negada su intervención “por criterios clínicos”. El gerente de Vall d’Hebron, Vicenç Martínez Ibáñez aseguró que no había lista de espera en el área de cirugía cardíaca y que en la temporada de verano los quirófanos estuvieron abiertos “a demanda”, tal y como recoge El País.
“Las reducciones presupuestarias no han incidido en las muertes”, afirma Ribó. La investigación concluye que “el calendario de intervenciones es el que hace el propio servicio de cirugía cardíaca al que pertenece Galiñanes” y que en el momento del fallecimiento de los dos pacientes “había disponibilidad de quirófanos” en el servicio. “Tanto la dirección de Vall d’Hebron como el propio Galiñanes comparten la opinión de que todos los pacientes que necesitan urgentemente ser intervenidos, son operados. Así que, si operan a todos los pacientes urgentes, es lógico pensar que se retrasaran algunas de las operaciones programadas no urgentes”, afirma el Síndic.
No obstante, el Defensor del Pueblo catalán lanza una advertencia a la Administración para que agilice las listas de espera que, en contra de lo que dijo la dirección del hospital, sí existen en el servicio. La normativa catalana fija en 90 días el tiempo máximo de espera garantizada para intervenciones de cirugía cardíaca -la legislación estatal eleva la espera a 180 dias-.
Como informa El País, según pudo comprobar Ribó, a finales de septiembre, hasta 34 personas superaban esos 90 días máximos de espera.
Pese a que las demoras se han reducido ostensiblemente, a principios de julio, tres personas estaban por encima de los 90 días; a finales del mismo mes, ya eran seis; y a 31 de agosto, la cifra de pacientes que superaban la espera garantizada ascendía a 23 pacientes.
Ante estas cifras, el Síndic de Greuges pide que “se implementen medidas para que se cumpla el tiempo garantizado independientemente de las vacaciones del personal”.
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