La Mesa de la Profesión Enfermera han presentado un dictamen jurídico que concluye que el Real Decreto de Prescripción Enfermera “no se ajusta a la legalidad y acarrea consecuencias muy graves de carácter penal, civil, laboral y administrativo”. La Mesa está formada por las dos organizaciones que mayor interés han puesto en la “prescripción enfermera”, que son el Consejo General de Enfermería y el Sindicato de Enfermería (Satse).
El estudio, que ha sido dirigido por el catedrático en Derecho Administrativo Juan Alfonso Santamaría, asegura que la norma provoca una enorme inseguridad en los propios médicos, puesto que les obliga en todo momento a estar presentes en todos los procesos, y a los enfermeros, ya que les impide llevar a cabo actuaciones que a menudo se les plantean. Cumplir el Real Decreto tal como está redactado podría dar lugar a responsabilidades disciplinarias e incluso penales graves.
Carlos Vázquez, coordinador del estudio y perteneciente al despacho de abogados Gómez Acebo y Pombo, ha explicado en rueda de prensa que el real decreto genera de esta forma “inseguridad para el propio sistema porque en lugar de cumplirse la finalidad de la ley, que era dar cobertura a una situación de alegalidad, provoca una situación de descoordinación”.
Estas son las razones principales por las que el equipo sugiere la impugnación del texto al poner en riesgo de responsabilidad a todos los que intervienen en el proceso.
Aprobado sin pasar por el consejo de Estado
En torno a la cuestión de cierta “insuficiencia” del Real Decreto, Vázquez también se ha referido con extrañeza a la necesidad de aprobación parte del Consejo de Estado. Una vez modificado el texto, el experto considera que el Gobierno, antes de aprobarlo, debería haber cumplido el trámite de conseguir un nuevo dictamen del Consejo de Estado para conocer su opinión previo a su aprobación.
..Alfonso González
