Según información de “El Confidencial”, la Inspección General de Sanidad de la Defensa ha procesado a tres mandos militares por cobrar comisiones de hasta el 50% a las empresas a las que les adjudicaban servicios de limpieza, formación y administración del hospital Central de la Defensa Gómez Ulla a través de concursos fraudulentos.
Los mandos implicados, entre los que se incluye un teniente coronel, un teniente y un coronel, llevaban una vida muy por encima de sus posibilidades gracias a la concesión de adjudicaciones ilícitas. En concreto, se trataba de trabajos de limpieza de las instalaciones, formación del personal, contratación de conductores, vigilantes o expertos en adiestramiento canino, adquisición de maquinaria y otros similares. En la práctica no se llevaban a cabo los cursos acordados, ni se entregaban los productos concertados o se derivaban los servicios.
A cambio de estas adjudicaciones recibían regalos materiales como relojes de alta gama o eran compensados en forma de servicios. De hecho, el personal contratado por las empresas encargado del saneamiento del hospital, era enviado a limpiar los domicilios particulares de los altos cargos de forma gratuita.
Además de los numerosos regalos que recibían, los empresarios les entregaban dinero en efectivo por cada contrato que adjudicaban, lo que representaba exactamente la mitad de los beneficios que estos últimos obtenían de las operaciones. Gracias a estos ingresos ilícitos, los mandos militares hacían frente a gastos personales tales como la adquisición de barcos, coches e incluso las hipotecas. De hecho, los tres cargos saldaron la deuda sobre sus viviendas en solamente cinco años, como señala un informe patrimonial realizado por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil.
El auto de procesamiento dictado el pasado 30 de noviembre por el Juzgado Togado Militar Central número 1 afirma que durante cuatro años (desde 2010 hasta el 2013) los acusados realizaron “amortizaciones de capital exorbitantes”, llegando a superar los 50.000 euros. En la causa también constan informes que revelan que las empresas tenían en nómina a personas con una relación cercana a los procesados, documentos que sin embargo no son referenciados en el auto de procesamiento.
En el auto también se pone de manifiesto que los tres mandos “exigían comisiones por los contratos adjudicados” y que decidían la empresa a la que le iban a conceder el servicio, incurriendo en un uso “fraudulento del procedimiento que regula los expedientes de contratación”.
Prácticamente la totalidad de las adjudicaciones ilícitas estuvieron relacionadas con los servicios prestados en el Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid. Los imputados se ceñían a “la contratación menor” en adjudicaciones que “por su importe o por su objeto debían haberse tramitado en un solo expediente”, evitando así los requisitos de publicidad del concurso y los relativos al procedimiento de adjudicación que establece la legislación contractual, como se extrae del auto del Juzgado Togado.
La Subsecretaría de Defensa fue el órgano que denunció los hechos después de detectar movimientos extraños y las primeras irregularidades durante una inspección rutinaria. El Ministerio de Defensa puso toda la información en conocimiento de la Fiscalía Militar, que abrió diligencias y judicializó el caso.
Tras el anuncio de su procesamiento, el Ministerio de Defensa apartó a los militares de sus funciones como jefe de la Administración Económica de la Inspección General de Sanidad de la Defensa (Igesan), jefe de la Unidad de Contratación del mencionado Igesan y como responsable del seguimiento de la ejecución de los contratos, respectivamente.
..Susana Calvo
