El nuevo gobierno de Cataluña tiene en su “hoja de ruta” una gran inversión mediática para la independencia del estado catalán, pero poca definición de la futura situación del sistema sanitario. El acuerdo para formar este gobierno tiene como protagonista principal a la coalición de Junts pel Sí, formada por Convergencia Democrática de Cataluña (CDC), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Demócratas de Cataluña y Moviment d’Esquerres, y su objetivo es la declaración de la independencia de Cataluña. El convidado del acuerdo es la Candidatura de Unidad Popular (CUP), con un carácter asambleario, defensor de posturas independentistas y ecologistas con una visión republicana y anticapitalista del estado.
El programa electoral de Junts pel Sí tenía un único punto concreto en su decálogo sobre el ámbito sanitario que aseguraba la reducción hasta un 10% de las listas de espera en operaciones y hasta un 50% en pruebas y visitas al especialista. También incluía la reapertura de algunos CAPS cerrados por los recortes y revisión de la entrada de capital privado al Consorcio Sanitario de Lleida, que exigía ser totalmente público.
De todas maneras, lo determinante de Junts pel Sí, expresado por diferentes miembros de la coalición, es el mantenimiento actual del modelo hasta que se defina el marco jurídico del nuevo estado catalán, donde ya se aplicarán, dicho de manera absolutamente genérica, medidas que favorezcan a todas las profesiones sanitarias, mejora de los instrumentos de gestión y evaluación del sistema y absoluta transparencia. También se han expresado a favor de mejorar el presupuesto y destinar más recursos a la atención Primaria.
Sin embargo, la CUP planteaba un cambio radical de modelo sanitario, que sería “nacionalizado”, para que todo el sistema sea de gestión pública directa, y proponía la derogación de los acuerdos y convenios con entidades privadas para que el sistema sea 100% público, y especifica que se comenzaría por revertir los procesos de privatización y detener proyectos sanitario con capital privado como el consorcio sanitario de Lleida, el proyecto CIMS de Girona, el plan VISC+ y la eliminación total de la actividad privada en los centros del SISCAT. En el nuevo modelo de CUP todos los trabajadores serían públicos, sin ninguna presencia de capital privado.
El acuerdo firmado significa que la CUP renuncia a hacer oposición y entrega sus votos a la coalición de Junts pel Sí para que Carles Puigdemont, pase de ser el alcalde de Gerona a nuevo presidente del gobierno catalán. En el acuerdo firmado entre ambos no hay una palabra sobre el sistema sanitario, que queda en manos de Junts pel Sí, que se define precisamente por la falta de concreción.
Los casi 50.000 médicos de Cataluña pasarán, como el resto del sistema sanitario, a depender de un proyecto más político que social, donde importa más el futuro del estado catalán que el del personal que lo integra.
Toni Comín, posiblemente nuevo consejero de sanidad
El nuevo equipo de Puigdemont se divide en varias áreas, quedando Neus Munté (CDC) al frente de cuatro consejerías, entre las que se encuentra Salud, y para la que suena Toni Comín como consejero.
Toni Comín era hasta hace dos años diputado en las listas del PSC, al que llegó bajo el liderazgo de Pasqual Maragall. Su presencia se debía a la inclusión de la corriente de Ciutadans pel Canví. Comín se dio de baja en el PSC en 2014, pero estuvo apoyando al candidato socialista Jordi Martí, que perdió en las primarias de Barcelona. Una vez que ese camino se truncó, Comín buscó la vía de Junts pel Sí para llegar al Parlamento catalán.
La posible presencia de Comín al frente de la sanidad catalana es una muestra de que el PSC tiene una gran parte de la culpa de la deriva nacionalista de la política local.
..Alfonso González
