Que se reabra de forma permanente el reconocimiento de los afectados, se asuman responsabilidades y se proceda a su compensación con una partida económica inmediata, al igual que ha ocurrido con los afectados de Hepatitis C, y es que esas son algunas de las principales conclusiones de la Jornada sobre la “Realidad de los afectados de talidomida en España” que, organizada por la Asociación de Víctimas de Talidomida de España (AVITE) y la Organización Médica Colegial (OMC), se celebró ayer en la sede de la OMC.
En la Jornada, varios afectados por la talidomida, ofrecieron su testimonio como colectivo que lleva más de 50 años esperando ser compensado por los graves efectos y malformaciones sufridas a consecuencia de este fármaco. En la misma, expertos analizaron la realidad de este colectivo, y políticos de diversos partidos políticos -PSOE, PP, Ciudadanos e IU- hablaron de la necesidad y responsabilidad de compensar y ayudar a las víctimas. La gran ausente fue la farmacéutica alemana Grünenthal, empresa que fabricó y comercializó el fármaco, que declinó la invitación a participar en esta Jornada que fue presentada por el presidente de la OMC, Juan José Rodriguez Sendin, y el vicepresidente de AVITE, Rafael Basterrechea Estella.
Los testimonios de diversos afectados dejaron patente el drama que vive el colectivo
“Por culpa de la talidomida no me he atrevido a ser madre, no me siento capacitada”, afirmaba Ana Isabel Castillo, trabajadora del centro de coordinación del 112 de Madrid quién tiene un grado de discapacidad del 86% debido a sus malformaciones en brazos y piernas. O Manuel Bioque, profesor jubilado de un Centro Especial para discapacitados, casado y padre de una hija, con malformaciones en los brazos y las manos, relató cómo estas secuelas que le han impedido enseñar a su hija a montar en bicicleta porque “no era capaz de seguirla y sujetarla”.
Todos los participantes en la Jornada manifestaron la necesidad de solidarizarse con las víctimas, asumir las responsabilidades correspondientes por parte de Grünenthal y el Estado, al igual que ha ocurrido en otros países, en lo que estuvieron de acuerdo los representantes políticos.
Todos ellos se comprometieron a buscar soluciones para reparar la injusticia cometida:
- Partido Popular: crear mecanismos homogéneos en los países de la UE con el mismo problema.
- PSOE: acción conjunta para reparar el daño causado a las víctimas y exigiendo, desde los Gobiernos, responsabilidades a la farmacéutica Grünenthal, así como desde la práctica cotidiana de la prescripción.
- Ciudadanos: se pronunció a favor de abrir un registro, identificar los casos y evaluar el coste.
- IU: coincide con la idea del PSOE, y además de reconocimiento y justicia, pide que Grünenthal deje de tener “alfombra roja” en las instituciones.
Conclusiones Jornada sobre la “Realidad de los afectados de talidomida en España”
1. Una vez conocidos y admitidos, en primer lugar, la relación causa y efecto entre la ingesta de talidomida por mujeres embarazadas y las consecuencias fatales de la misma, se debió haber actuado con mayor celeridad y diligencia, lo que no ocurrió intencionadamente en el caso de Grünenthal y por desidia y falta de interés en el Gobierno de España de aquel momento.
2. Los médicos inicialmente no fueron informados correctamente. Se les presentó un producto seguro cuando no lo era y, posteriorment, estuvieron desinformados por las actitudes adoptadas desde la central alemana de Grünenthal y su filial española tras decidir qué información disponible pondrían en conocimiento de los médicos, lo cual supuso, también, un daño a la profesionalidad del médico.
3. La mayoría de los afectados no han tenido reconocimiento y compensación alguna por los daños que les ha ocasionado el medicamento, constituyendo un agravio comparativo respecto a lo sucedido en la mayoría de los países de nuestro entorno. Situación que se ha convertido en dramática cuando la respuesta que ha dado el Tribunal Supremo, no les permite compensarles, pero sí que reconoce en la propia sentencia cuando alude a “la conveniencia de buscar otros caminos para resarcir a los perjudicados por una palmaria injusticia”.
4. La utilización de la talidomida, hace más de 50 años, ha constituido un problema sanitario y también un problema ético. Lo ocurrido fue una tragedia, como consecuencia de una gestión errónea e interesada. La negativa por la farmacéutica Grünenthal a reconocerlo, inicialmente, y después a repararlo, constituye, en la práctica, una vulneración de los derechos humanos recogidos en la Constitución Española de 1.978.
5. La empresa farmacéutica Grünenthal y el Gobierno de la Nación, debieran satisfacer a los afectados de igual forma que lo han hecho en otros países de nuestro entorno, por entender que ambos son responsables de la tragedia, con el fin de mitigar en parte el daño que se les ha ocasionado.
6. La catástrofe causada por la comercialización de la talidomida no puede quedar sumida en el olvido ni en la pasividad de los diferentes gobiernos y sectores de la sociedad, en especial de los sanitarios. Es preciso activar una postura ética, que sensibilice a la sociedad para que responda adecuada y proporcionalmente ante esta agresión a nuestros pacientes y ciudadanos.
7. Instamos al Gobierno de España, que con la mayor diligencia posible, reabra de forma permanente el reconocimiento de los afectados y se proceda a su compensación, entendiendo que el plazo y margen de edad que se dio en su día fue, a todas luces, suficiente.
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