Ahora que todo el mundo se reúne , que todo los partidos buscan consenso, que se pone el acuerdo en lo que nos une y no en lo que nos separa , ahora que todos los políticos ponen el énfasis en lo que quiere y desea la ciudadanía, se habla de sanidad
Pues bien, nada más lejos de la realidad, no solo ha sido clamoroso su recuerdo en los debates, a dos, a tres y a cuatro candidatos, si no que estando en jaque la financiación y continuidad del modelo, y pasando los días con cotas de calidad cada vez más propias de países en desarrollo, que de los llamados de nuestro entorno.
La mejora de la financiación del sistema sanitario público es a todas luces imprescindible ante la evidencia del déficit generado y comparando el gasto con el de los países de nuestro entorno. Hay que tener en cuenta además las características obsoletas de nuestro modelo, recogidas en la Ley General de Sanidad de 1986. No se tiene en cuenta los factores que generan el gasto desmesurado, y por supuesto no se vela por ese servicio de salud que pase lo que pase en las diatribas políticas será el ciudadano el que lo financie.
Seamos rigurosos y objetivos con los factores que nos perturbarán y seguirán aumentando el gasto. Además del envejecimiento, la tecnología y el aumento de población, debemos tener en cuenta al propio ciudadano, en relación a su comportamiento y a hábitos en relación con su salud y con la de los demás, y en relación también con la utilización que de los servicios sanitarios hace. La educación para la salud es una asignatura pendiente, por eso la medicina fracasa y hay enfermedades, los aspectos de cuidados de salud y preventivos están en el baúl de los recuerdos, en segundo lugar es importante también la importancia de los profesionales en la toma de decisiones, en relación a las pruebas y tratamientos más idóneos para los pacientes. Mucho más se ha ido avanzando en este segundo ámbito que en el primero, igual que en la eficiencia en la gestión de los centros sanitarios, aunque siempre habrá camino por recorrer.
Pero un factor menos valorado que actúa sobre el gasto, son las decisiones políticas sobre la planificación y organización de los servicios, como también la legislación de carácter general, que incide sobre el sector sanitario, que además no puede influir en los precios como otros sectores. A título de ejemplo: normativas sobre el IVA, ley de protección de datos de carácter personal, ley de prevención de riesgos, cambios en los epígrafes de cotización para los accidentes laborales, incrementos de las primas de los seguros de responsabilidad civil, etc.
El paquete de las decisiones políticas de planificación y organización, regulaciones no discutibles, pues persiguen la mejora en la calidad y seguridad de los servicios, condicionan también el gasto. De este modo, las inversiones para abrir nuevos centros u ofrecer nuevos servicios parecen preocupar más que sostener el gasto de su funcionamiento futuro, cuando la equidad de acceso geográfico es tomada como prioridad. Hay que considerar pues a las propias administraciones del Estado y de las comunidades autónomas como generadoras también de gasto sanitario a partir de sus decisiones. No se actúa con criterios, ya no de eficiencia, efectividad y eficacia, sino teniendo en cuenta el más mínimo, sentido común, para con las necesidades reales de cobertura de cartera de servicios y racionalización del gasto, con un mínimo criterio profesional.
Mucho se podría hacer con el gasto si se diera un acuerdo razonable y sostenible con los agentes sociales, los profesionales y los usuarios en un sector con intensidad en la utilización de recursos humanos y con una importante carga social.
Nosotros siempre sindicalmente hemos abogado por criterios y gestión profesional, por presupuestos finalistas y por implicación responsable de todos los partícipes en el mantenimiento de una bien tan preciado como es la cobertura sanitaria universal, por ende con cotas de calidad .
Hay sin más remedio que poner fin a una crónica de insuficiencia financiera del sistema sanitario público, que se ha visto agravada con los recortes presupuestarios desde 2009 (hemos pasado de 70.000 millones € de gasto sanitario liquidado en 2009 a unos presupuestos de 52.800 millones en 2014), recortes que han hecho mella en una situación preexistente que tampoco era buena como se puede comprobar con las deudas de las CCAA a los proveedores, de años anteriores a 2009.
Todo ello ha favorecido la inequidad, en las prestaciones, y lo que es peor un descenso en la calidad asistencial prestada, que comienza a alarmar.
Ahora precisamente que todo el mundo dialoga, que solicita pactos de estado, que pide regeneración, que pide hacer causa con los deseos de la población, y que se empieza a hablar del empoderamiento de la sociedad civil establezcamos unas bases sólidas con los siguientes condicionantes:
- Financiación suficiente para la Sanidad. Realizando un Plan Integrado de Salud (ya se probó hacerlo en la Ley General de Sanidad en 1986 sin que hasta ahora se haya avanzado al respecto) que definiera necesidades y objetivos de salud y los fondos precisos para conseguirlos, con una cartera de prestaciones y servicios
- Financiación finalista. Para garantizar la eliminación o al menos reducir al mínimo las desigualdades, en los diferentes sistemas sanitarios, es obligado garantizar una financiación equivalente, no estrictamente igual porque hay motivos diferenciadores (pirámide de población, dispersión, accesibilidad, nivel socioeconómico, prevalencia de enfermedades, etc).
- La instauración de algún mecanismo de compensación que asuma los costes de la asistencia recibida en una comunidad autónoma distinta a la de la residencia habitual.
- Cambiar contenidos y competencias por Ley del Consejo Interterritorial del SNS, dotar a este de árbitro, cohesionador evaluador y con disponibilidad de fondos de cohesión potente, que amortigüen los desplazamientos migracionales poblacionales internos y externos.
Estamos ante la mejor oportunidad para resolver de manera definitiva un problema antiguo que ha ido parcheándose, mal resuelto y que la crisis ha desnudad y hecho visible. La financiación finalista es la clave de cualquier solución, si no se pone en marcha la sanidad seguirá siendo la excusa de todas las CCAA, para conseguir una financiación que ellas mismas se encargan de despilfarrar en otras cosas, por eso rechazan este sistema, olvidando que es el único con capacidad para garantizar la protección de la salud para todas las personas en todo el territorio del país.
..Dr. Francisco Toquero de la Torre. Asesor CSI-F. Exvicesecretario de la OMC
