Publicado en Redacción Médica Se cumple un año de las elecciones municipales de 2015 que dibujaron un nuevo mapa político a nivel autonómico en España. La creciente pluralidad política ha acabado con las mayorías absolutas y ha supuesto que muchas comunidades que venían siendo gobernadas por el PP desde hacía varias legislaturas hayan pasado a estar gestionadas por gobiernos progresistas. Estos nuevos ejecutivos, que en la mayor parte de los casos están gobernados por el PSOE con el apoyo externo de Podemos, han traído cambios sustanciales a la Sanidad. La relación de los servicios de salud autonómicos con el sector privado ha sido lo que más ha cambiado, pero sin llegar a la situación de divorcio que anunciaban algunas voces. Por otro lado, casi todas hacen bandera de la mejora de la situación laboral de su personal sanitario y han aprobado ofertas de empleo público (OPE). Además, el enfrentamiento con el Ejecutivo central ha sido constante en asuntos como el Real Decreto 954/2015 sobre prescripción de medicamentos. Todas las regiones gobernadas por partidos distintos del PP lo han recurrido: una decena de recursos ante el Tribunal Supremo, a los que se suman otros dos –de Andalucía y Aragón– que el Constitucional acaba de admitir a trámite.
