No se pierda

“El compromiso de los médicos europeos en contra de las desigualdades sociales”

28 de julio, 2016
Rodriguez Sendin 2014

Hace unas semanas tuve la oportunidad de hacer entrega a su SS el Papa Francisco de la Carta de Identidad y Principios de la Profesión médica latino-iberoamericana tras mostrar una firme repulsa a las profundas injusticias del mundo y de la sociedad actual, a los efectos de la pobreza sobre la salud y otras situaciones derivadas de la misma como el hambre, sed, insalubridad, explotación laboral, que incrementan el sufrimiento y pueden, incluso, conducir a la muerte. Muchos determinantes sociales no son casuales, sino que proceden de determinaciones políticas y económicas que inciden en la vida y en la salud de las personas. También denuncié ante el Papa la situación de los refugiados como atentado a los derechos humanos ya que no se les está dando una respuesta a la altura de los más elementales derechos humanos y de los valores que proclama la vieja Europa.

En la Declaración de Granada, tras el I Congreso de Cooperación Internacional del 2015 de la OMC, nos comprometimos a priorizar urgentemente la atención a los seres humanos por encima de cualquier otra consideración o interés. Aquella Declaración tenía como objetivo sensibilizar de manera continua y permanente a nuestra profesión y a la sociedad sobre la importancia que tiene la cooperación y la asistencia a aquellos que lo necesitan, vivan donde vivan. La cooperación no es solamente una ayuda a la necesidad, sino que se fundamenta en unos derechos y obligaciones, fraguados en la Europa de los valores.

En 1946, justo un año después de que la II Guerra Mundial terminara, Winston Churchill dio un discurso de los que hacen historia y que hoy retoma más sentido tras la decisión del Reino Unido de abandonar el proyecto de la Unión Europea a través del referéndum aprobado el pasado 23 de junio, también llamado Brexit. En él dijo: “Existe un remedio que… en pocos años podría hacer a toda Europa… libre y… feliz. Consiste en volver a crear la familia europea, o al menos la parte de ella que podamos, y dotarla de una estructura bajo la cual pueda vivir en paz, seguridad y libertad. Debemos construir una especie de Estados Unidos de Europa”.

No me cabe la menor duda de que la Unión Europea es la base de mucho de lo que disfrutamos en la actualidad, no solo en el ámbito económico y empresarial, sino también en el ámbito cultural y en el ámbito de las libertades y derechos humanos. Sin embargo, debemos reflexionar en profundidad, por ejemplo y aunque lo lamentamos, sobre las razones que han podido decidir el sentido del Brexit. Preguntarse sobre los errores que la UE puede estar cometiendo y con ellos ofrecer razones a los que han decidido romper con la bella y vieja idea de una Europa unida. La crisis económica y las políticas presupuestarias de estabilidad han justificado recortes en los programas sociales y, en particular, en el sector sanitario público que además de aumentar las fracturas sociales han generado tanto sufrimiento en los más débiles. Por ello no es extraño que muchos ciudadanos se cuestionen el hecho de que la UE se está comportando más como una UE de los mercados que una UE social.

O en el mismo sentido reflexionar sobre el sentido del valor y poder de la palabra, como instrumento fundamental de relación entre los ciudadanos, para intentar cambiar las cosas, de la transparencia y participación y ver qué hay de positivo y negativo en algo tan importante para nuestro futuro como los Tratados de Libre Comercio (TLCs) que la UE está negociando con terceros países y que pueden determinar nuestras vidas.

En la Declaración de Madrid aprobada en 2015, entre las órdenes médicas española y portuguesa manifestábamos, incardinados con los principios del acta de constitución europea, que “el progreso no es tal si solo es contemplado desde la visión económica y mercantil y no desde una visión integral que incluya el respeto a los derechos humanos, al medio ambiente y al bienestar de los pueblos como objetivo prioritario de toda política económica”. No es cuestión de poner en duda la importancia que tiene lo económico, pero sí cuestionar decididamente que la lógica económica esté por encima de la lógica social y sanitaria. No nos oponemos al desarrollo económico, que puedan suponer, si fueran ciertos, los objetivos de los TLCs. A lo que nos oponemos es a poner en peligro los avances sociales y sanitarios alcanzados, así como su desarrollo futuro y en consecuencia consideramos fundamental y necesario exigir a los “entes políticos intervinientes” respuestas concretas a las dudas que generan los mismos y ante la falta de transparencia del total de su contenido.

Aunque se justifiquen con creación de empleo y supuestas ventajas económicas, de momento no demostradas, para las pymes y usuarios, es preocupante que pueda ser el libre comercio un valor predominante y se anteponga a los intereses públicos, especialmente, para los más necesitados y débiles. Preocupa especialmente todo lo relacionado con la salud pública, la promoción y el cuidado de la salud, como la revisión a la baja de las regulaciones europeas en materia de salud pública, entendidas como “barreras” para la comercialización de productos y servicios, la continuidad de la política de patentes, la excesiva protección de las mismas que no pueden ser ajenas al control de los Estados, la gravedad de los mecanismos para su renovación (perennización), la falta de control del precio de los medicamentos, el riesgo de pérdida de la confidencialidad de los datos clínicos o los estándares de investigación de los nuevos fármacos…

Atención especial precisa la pérdida de capacidad de regulación de los países y gobiernos europeos. Y así los Gobiernos vinculados por el TTIP a pesar de las consecuencias que puedan suponer para la sostenibilidad de sus sistemas de salud, pueden verse obligados a conceder patentes adicionales a las compañías farmacéuticas por cambios que introduzcan en los medicamentos existentes, incluso, cuando estos cambios no sean clínicamente relevantes ni provean de beneficio terapéutico alguno a los pacientes.

Especial inquietud surge de la posibilidad de impedir a los países, principalmente a los más débiles, cambios en la regulación y control de todo lo relacionado con la salud (tabaco, contaminación ambiental, fitosanitarios…), y que no lo realicen por miedo a las indemnizaciones que determinaran los órganos de arbitraje de configuración mixta, es decir, participados por jueces profesionales y por otros expertos propuestos por el interés de parte.

Legitimar la actuación de los mercados contra los Gobiernos, en cuestiones de marcado interés público, constituiría una dictadura de incalculables efectos. El papel que puede otorgar tanto el Tratado de libre comercio entre la UE y EE.UU. (TTIP) como el Tratado de Comercio de Contrato de Servicios (TISA) a Instituciones como nuestro Parlamento, provoca un gravísimo desequilibrio entre capitalismo y democracia porque, al elevar los acuerdos alcanzados en los mismos a un rango donde no puedan ser modificados por el poder que emana del pueblo, se legitima la actuación de los mercados contra los gobiernos lo que constituye en sí una dictadura. ¿Cómo se podría cambiar una legislación básica en materia de salud si no dependiera ya de los Parlamentos el poder hacerlo? ¿Dónde iríamos a protestar entonces para cambiar las reglas de juego? ¿Para qué serviría votar entonces?

Ante estas preguntas se responde por los que defienden el mismo, que directamente el TLCs no intervendrá en la regulación de los servicios públicos de salud; faltaría más que un tratado de libre comercio viniera a regular lo que por definición es ajeno al mismo. Sin embargo, son preocupantes los mecanismos alternativos que favorecerían y permitirían privatizar indirectamente los servicios sanitarios públicos como consecuencia del deterioro o deslegitimación de los mismos mediante la reducción drástica de su financiación, a la que acompañaría políticas farmacéuticas incapaces de controlar ni precios ni crecimiento del gasto en medicamentos, lo que a nivel nacional constituye sobre el 30% del gasto sanitario total. Todos estos procesos son determinantes y tienen que quedar perfectamente garantizada su exclusión o la imposibilidad de incidir en el futuro de los servicios públicos.

Estas dudas surgen entre otros motivos por el hecho de que EEUU y su Gobierno no ha sido capaz de introducir los cambios anunciados y comprometidos en política sanitaria ni tampoco regular el precio de los fármacos. Un ejemplo clamoroso ha sido el precio abusivo de los nuevos medicamentos contra la hepatitis C y las consecuencias para una amplia población norteamericana y mundial. Ante esta realidad, me pregunto si los TLCs van a ser capaces de frenar esta deriva o por el contrario la blindaran o aumentaran.

Es casi imposible imaginar de qué manera un acuerdo de liberalización comercial tan importante y transcendental como el TTIP no afecte a la salud de forma determinante y en especial a los más necesitados y débiles. La UE necesita mantener un desarrollo económico activo, modernizando sus estructuras de producción y distribución entre sus regiones, pero ello debería respetar los avances políticos, democráticos y sociales y, en especial los sanitarios y el desarrollo de salud pública de todos los pueblos. Para ello es imprescindible un compromiso de la UE para que integre su agenda social en toda la negociación de los TLCs y se respete en ellos el derecho de los Gobiernos a proteger las políticas públicas de educación, salud, calidad de empleo y medio ambiente. Para lo cual todo lo relacionado con los servicios públicos o que puedan determinar indirectamente los mismos deben ser responsabilidad exclusiva de los estados miembros.

Las patentes no pueden ser ajenas al control de los Estados. Nadie niega que el interés de la Industria Farmacéutica tenga una fuerte base económica. La cuestión a plantear es cuánto y durante cuánto tiempo. Y por ello, para garantizar el presente y futuro del SNS ante posibles alteraciones no justificadas de los precios de los medicamentos, la Organización Médica Colegial, propone que el medicamento se considere un bien social por lo que cuando la patente de un medicamento no esté disponible para la población a precios razonablemente asequibles, de manera que se altere el normal funcionamiento del servicio público sanitario, y siempre que la invención sea determinante para la prestación del mejor tratamiento curativo existente en el caso de situaciones de riesgo grave, el Gobierno pueda otorgar licencias obligatorias del mismo.

Todos los médicos europeos debemos tener un mayor compromiso e implicación para actuar sobre las causas y consecuencias de las desigualdades entre los seres humanos y aspirar a conseguir un modelo de desarrollo económico y social más justo con los necesitados que disminuya las diferencias, que respete la dignidad de todos los seres humanos, que haga efectiva la igualdad entre hombres y mujeres, con la ética médica y con el respeto al medio ambiente.
..Dr. Juan José Rodríguez Sendín. Presidente del CGCOM
Boletín CGCOM