Dentro de un contexto de globalización protagonizamos un momento histórico en España, un bloqueo institucional sin precedentes coincidente con un cambio profundo en materia política, económica y social que no sabemos bien a qué destino y consecuencias nos pueden llevar.
En el área de economía y finanzas asistimos a un momento que bien se podría calificar como un “tiempo entre costuras”, como el título de la novela de la escritora María Dueñas; por un lado entre las costuras de un presupuesto general que finaliza y por el otro el de un presupuesto que debería consolidarse y aprobarse en el tiempo más breve posible una vez que las alarmas en Bruselas ya han comenzado a sonar y no es bueno impacientar o hacer oídos sordos a los requerimientos de nuestros socios.
El club al que pertenecemos, la Unión Europea con sus 28 países miembros, no es un entorno fácil de convencer en base a las dificultades de cada país porque en ese caso sería ingobernable; precisa de la disciplina suficiente para que se puedan generar escenarios estables y previsibles, en caso contrario el desgobierno estaría servido y el futuro de la Unión puesto en entredicho.
España ha salvado recientemente un gran escollo, Europa ha transigido frente a nuestro país y Portugal por el incumplimiento en el procedimiento de déficit público, un “premio” basado en los esfuerzos realizados por los españoles en materia de ajustes presupuestarios e impositivos y por la puesta en marcha de reformas del sistema financiero, del mercado laboral, del contexto social, etc… No hemos de olvidar que en 2003 se “perdonó” también a Francia y Alemania. Todos estos desistimientos no hacen sino menoscabar la credibilidad de un Club que tiene pretensiones de liderar la economía global del nuevo milenio, tal y como parece auguran los expertos.
Cumplir con los Pactos de Estabilidad y Crecimiento no es materia baladí sino que supone la esencia de la competitividad, credibilidad y confianza de los mercados, quienes por cuestiones de este tipo tienen capacidad de modificar el “rating” a través de las agencias calificadoras, las cuales pueden colocar a un país o a una región en serias dificultades de financiación y por lo tanto de futuro.
Cuando se producen, estas “vueltas de tuerca” nos afectan a todos y, si no, echemos la vista atrás a lo ocurrido en 2012 cuando vimos nuestra prima de riesgo superando niveles desorbitados, alcanzando los 500 y más puntos básicos, situación que provocó que España estuviera al borde del precipicio y del rescate (recordemos que Grecia solicitó el rescate cuando su prima de riesgo llegó a los 500 puntos básicos, Irlanda cuando alcanzó los 544 y Portugal al llegar a los 517).
En cualquier caso, no es motivo de estas líneas hablar acerca de la prima de riesgo, ni de los “bonos basura” de algunas regiones, ni tan siquiera de la deuda de nuestro país, por superlativa que sea (supera ya el PIB completo de España y de hecho en múltiples medios de comunicación se ha asegurado que cada español debemos alrededor de 23.700 euros, es decir, la parte alícuota del déficit total en base a la población actual). Algunos expertos vaticinan que España no podrá cumplir con sus objetivos de deuda (de entorno al 60% de su PIB) antes del 2.036, en vez de en el año 2020, plasmado en la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
El motivo de esta reflexión previa es pensar en cómo puede afectar este entorno de bloqueo, inestabilidad e incertidumbre a nuestros servicios sociales, entre ellos la Sanidad, especialmente en un periodo en el que nuestro Gobierno se encuentra “en funciones”. Esperemos que impere el sentido común y que este sector de la salud y la sanidad, tan sensible y tan próximo al ciudadano, no se vea afectado en demasía por este periodo de incertidumbre y convulsión política, a todas luces gratuita.
En cualquier caso, y en estas breves pinceladas creo que queda claro, a la Sanidad de nuestro país se le aproximan -o tiene ya encima- no menos de dos núcleos de “bajas presiones”, o mejor dicho, “borrascas” a las cuales tendrá que hacer frente; una, la del ajuste que nos va a imponer Bruselas para cumplir con los objetivos de déficit en base al Pacto de Estabilidad y Crecimiento y, en segundo lugar, la “tormenta perfecta” que supone, llegado el caso, la prórroga de los presupuestos generales del Estado si es que no se consigue constituir un Gobierno en un plazo breve de tiempo y no se establecen los “techos de gasto” de las diferentes comunidades autónomas.
La Constitución Española en su Título VII sobre Economía y Hacienda, artículo 134 recoge que: “Corresponde al Gobierno la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado y a las Cortes Generales, su examen, enmienda y aprobación”; “…que el Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior” y “…que si la Ley de Presupuestos no se aprobara antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se considerarán automáticamente prorrogados los Presupuestos del ejercicio anterior hasta la aprobación de los nuevos”.
Vista esta circunstancia lo único que se me ocurre es que estamos en una “cuenta atrás” perversa. Por un lado, Bruselas exigiendo los presupuestos en tiempo y forma en este mes de octubre y, por el otro, la imposibilidad de diseñarlos y aprobarlos puesto que aún no se ha conformado un nuevo Gobierno en nuestro país. De hecho, una posibilidad plausible es que lleguen las próximas Navidades acompañadas de elecciones generales, de nuevo inciertas en sus resultados, y por lo tanto con un presupuesto pendiente de hacer y aprobar.
Este escenario, que sin duda es el peor de todos los posibles, traería como consecuencia la prórroga de los presupuestos generales del Estado de 2016, lo que significaría, en primer lugar, la penalización correspondiente de la UE, la desconfianza de los mercados, probablemente el incremento de la prima de riesgo y por lo tanto el encarecimiento de nuestra financiación (pagar más intereses y, por ello, disponer de menos dinero para los servicios del Estado), el recorte presupuestario, la subida de impuestos (otra vez!!) y, como consecuencia, el impacto en los servicios sociales prestados por el Estado a través de las CC.AA, en materia de Sanidad, por ejemplo.
Las CC.AA tendrán que, en base al acuerdo firmado por el Ministerio de Hacienda y las propias regiones, reducir su déficit desde el 1,7% del PIB en 2015 al 0,7% en este ejercicio y un 0,5% en 2017, lo que equivale a un ajuste de unos 12.000 millones de euros en este periodo de tiempo.
La senda por la que transitaremos, si se confirmara la citada prórroga, es un ajuste extraordinario que algunos especialistas evalúan en unos 20.000 millones de euros entre este ejercicio y el próximo, de los cuales 4.000 millones aproximadamente corresponderían a las diferentes autonomías, todo ello para poder cumplir con los estrictos objetivos de déficit establecidos (teniendo en cuenta que ya nos han “perdonado” la penalización una vez).
En cualquier caso y por duro que parezca este sucinto análisis, la realidad es que si en circunstancias de “normalidad teórica presupuestaria”, en medio de una crisis financiera como la actual, ya hay dificultades de financiación y solvencia de nuestra sanidad pública, con la ingente exigencia que supone la deriva social demográfica y el reto de la factura asociada a las inversiones en innovación, entre otros muchos factores, ¿cómo se puede cuadrar este algoritmo perverso traducido en menos dinero y más servicios sociales, entre ellos Sanidad?.
La respuesta desde luego no se encuentra en la demagogia ni en el discurso electoral ni en la pancarta sino en el análisis exhaustivo de los datos, el diálogo constructivo con todos los agentes del sector y la toma de resoluciones basadas en la evidencia que cada uno de ellos aporta, todo explicado con transparencia y objetividad meridiana al ciudadano, sin apriorismos ni intereses personales o de adscripción política alguna para que no pueda cundir la desinformación, la confusión y por lo tanto el sesgo.
Hay que buscar el interés del paciente, la posibilidad de que el ajuste no afecte en ningún caso a la asistencia, a la accesibilidad, a la disponibilidad del mejor tratamiento y lo antes posible y para eso debemos hacer un ejercicio de lógica y razonabilidad y tratar de aprovechar todos los recursos existentes, y sobre todo aquellos que puedan aportar eficiencia al sistema, poniéndolos a disposición de todos los pacientes allí donde se encuentren disponibles.
Para finalizar estos breves párrafos un deseo a quienes dirigen nuestro destino, por favor y en general, piensen más en España y en los españoles y menos en los intereses partidistas, nos jugamos mucho en este envite, nos jugamos la confianza, la credibilidad, la reputación como país y nuestro futuro y el de nuestros hijos, y las consecuencias de ciertas decisiones van mucho más allá de la simple creencia o la afinidad, deben primar la lógica, la visión de futuro y el sentido de Estado…si es así, este país, como siempre ha hecho, aplicando el esfuerzo, el tesón y el trabajo incansable de su gente, volverá a salir adelante y a estar donde se merece…no nos lo pongan más difícil de lo que ya está, por favor…
..Dr. Manuel Vilches. Director general de la Fundación IDIS
