Publicado en El Economista El Gobierno y las comunidades autónomas están obligados a revisar su legislación laboral y política de contrataciones después de que dos sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) hayan destapado el abuso de la temporalidad en la sanidad española y el trato discriminatorio entre eventuales y fijos a la hora de percibir la indemnización por despido o cobrar el complemento salarial. Aunque los fallos de la Corte de Luxemburgo solo tienen efecto directo sobre los casos particulares enjuiciados, sí ha abierto la vía para regularizar la situación de los más de 170.000 eventuales e interinos que trabajan actualmente en la sanidad pública (casi un 30%) y que han convertido el sistema sanitario en “la mayor empresa de trabajo temporal” de España, a juicio de la Organización Médica Colegial.
