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Una sentencia da la razón a un médico fallecido inhabilitado injustamente por el Instituto Catalán de la Salud

18 de noviembre, 2016

Emilio Viudes, durante más de 30 años estuvo trabajando como médico en el Centro de Atención Primaria (CAP) de Castellbell i el Vilar, un pequeño pueblo de apenas 4.000 habitantes situado en la comarca del Bages (Barcelona).

En febrero de 2015, el doctor Viudes recibió la peor noticia que un médico puede recibir desde el punto de vista profesional, y es que el Instituto Catalán de la Salud (ICS) decidió inhabilitarlo por dos años y medio. Y es que la apertura de un expediente administrativo truncaba de “golpe y porrazo” más de tres décadas de desempeño en ese pequeño pueblo de la comarca del Bages. El motivo por el que el ICS le abría un expediente era por considerar que atendía a pacientes de mutuas privadas en el ambulatorio público.

21 meses han pasado desde febrero de 2015, y ahora, una sentencia de un juzgado de Barcelona estima el recurso que interpuso el médico que, ya fallecido por un cáncer en agosto del mismo año, solamente estuvo inhabilitado durante seis meses.

La sentencia, obliga ahora al proveedor público de servicios sanitarios en Cataluña a pagar a la viuda el salario íntegro que corresponden a los seis meses que su marido estuvo inhabilitado antes de fallecer, además, su pensión de viudedad que cobra desde la muerte de su esposo, deberá actualizare conforme se revisen las cotizaciones correspondientes.

Tal y como recoge la sentencia, Emilio Viudes, además de atender a los afiliados a la Seguridad Social, recibía también a funcionarios afiliados a Muface y Pamem, que forman parte del Sistema Nacional de Salud en su calidad de entidades gestoras del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado. En declaraciones a El Confidencial, Andreu Sunyer, el letrado defensor del fallecido explica que en Cataluña “existe un convenio de estas dos mutuas con el ICS por el que los centros públicos pueden dar cobertura asistencial a los afiliados de Muface y Pamem”.

Desde el punto de vista administrativo, la única irregularidad se produjo en el modo de gestionar la atención prestada a los pacientes. Aquí, si vale la expresión, está “el quid del asunto”, y es que como explica Sunyer, el problema de fondo “estuvo en la gestión del proceso”, es evidente que “algo falló”, pero también lo es “que no fue la actuación del médico”.

Los hechos ocurrían de la siguiente manera: los pacientes cuando acudían al centro ambulatorio, a veces presentaba su tarjeta de la Seguridad Social, y otras las mutuas que funcionan a través de seguros médicos privados. “Las tarjetas que usaban eran de DKV, Adeslas u otras mutuas privadas, aunque estaban afiliados a Muface o a Pamem”, aclara el abogado.
..Redacción