Publicado en Redacción Médica El Gobierno capitaneado por Carles Puigdemont no quiere que los altos directivos de las instituciones de la Generalitat den su opinión personal en público. Por ello ha aprobado el Código de conducta de altos cargos y personal directivo de la Administración y de las entidades del sector público. Un texto en cuyo punto 5.14 se encarga de “restringir las reflexiones a título personal en las comparecencias públicas”. La medida, que paradójicamente se ampara en la ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno que configuró el extinto Ejecutivo de Artur Mas, afecta a la sanidad en la medida que a ella han de someterse los directivos de los centros adscritos al Instituto Catalán de la Salud (ICS). Es decir, que los altos mandos de los Hospitales Universitarios de Arnau de Vilanova (Lleida), Doctor Josep Trueta (Girona), Germans Trias i Pujol, Joan XXIII (Tarragona), Bellvitge y Vall d’Hebron, así como Viladecans y Verge de la Cinta de Tortosa, no podrán manifestar una sola opinión propia si se dirigen al público en calidad de su cargo. De la misma forma que no lo pueden hacer el resto de altos cargos dependientes del ICS.
