Unidos Podemos registró ayer en el Congreso de los Diputados una proposición de ley para legalizar la eutanasia y garantizar su práctica en todo el país a aquellas personas que la soliciten.
El texto presentado indica que podrán solicitar este servicio los mayores de 18 años o menores de 16 y 17 años emancipados legalmente, -bien porque sus padres les han cedido la patria potestad o por orden de un juez-, y a los que el Código Civil les habilita en todo momento a “regir su persona y bienes como si fuera mayor” que padezcan una enfermedad terminal “sin esperanza” o dolores físicos y psíquicos “intolerables” para el paciente.
Según ha explicado la diputada de IU, Eva García Sempere, serán los médicos o psicólogos los que realicen un informe del paciente para aprobar o denegar su solicitud. Del mismo modo, el texto recoge una modificación en el Código Penal para que los profesionales que presten este servicio no sean penalizados.
En un documento firmado por el paciente en presencia del médico responsable, la demanda de eutanasia deberá hacerse por escrito, repitiéndose de manera general en, al menos, dos ocasiones con una separación de 15 días. Si el médico responsable considera que la muerte de la persona o la pérdida de su capacidad para prestar consentimiento informado son inminentes, se aceptará un periodo menor a las dos semanas.
La persona demandante de eutanasia podrá revocar su solicitud en cualquier momento. Tanto el documento de petición como de la posible revocación serán adjuntados a la historia clínica del paciente. Sin embargo, la causa de la muerte, a todos los efectos, será por causas naturales.
¿Qué obligaciones tendrían los profesionales?
Con la actual normativa, se penaliza a los médicos que tengan cualquier relación en el proceso de una muerte asistida, sin embargo, como matiza García Sempere, en esta ley se exige que los profesionales tengan la obligación de garantizar el acceso universal a la eutanasia. Por ello, desde Del mismo modo, desde Unidos Podemos consideran “fundamental” que se modifique el Código Penal para que la participación de los sanitarios en este servicio no sea punible.
La diputada explica que todo profesional tiene derecho de objetar, pero desde los servicios sanitarios públicos se debe garantizar el derecho del paciente a poder solicitar este servicio si la evaluación es positiva. Por ello, García Sempere indica que en el caso de que un enfermo esté a cargo de un médico objetor, éste deberá ofrecer los servicios de otro equipo médico que no lo sea.
Trasladar esta normativa a todas las Comunidades Autónomas
Esta proposición de ley para legalizar la eutanasia y garantizar su práctica en todo el país a aquellas personas que la soliciten, desde Unidos Podemos, señalan la importancia de trasladarla a todas las Comunidades Autónomas, que tienen competencias en materia sanitaria. Al respecto, la diputada de En Comú Podem Marta Sibina destaca que existen autonomías, “con Andalucía a la cabeza”, que han desarrollado leyes específicas sobre esta materia, y también muestra como representante de su partido que está de acuerdo en que este texto es necesario para “dar un paso más” y llevar a nivel estatal la eutanasia, como se ha hecho en “países de Europa como Bélgica o los Países Bajos, así como en varios estados de Estados Unidos o Canadá, entre otros”.
García Sempere señala que, una vez presentada esta ley, se iniciarán los contactos con el resto de formaciones representadas en la Cámara Baja para obtener apoyos para que se pueda tramitar y aprobar.
Al respecto, Sibina destaca que la sociedad estaba esperando una norma como esta y ha defendido que “una amplia mayoría respalda” la eutanasia. En este sentido, ha hecho referencia a una encuesta del CIS de 2011, en la que, tal y como apunta Sibina, un 77% de la población española respalda la eutanasia.
Por otra parte, la diputada de En Marea Ángela Rodríguez ensalza que la “autonomía” es “el gran hilo conductor de esta ley” y ha invocado que el texto recoge los “valores constitucionales de libertad y dignidad”. Para Rodríguez, la “muerte digna” debe ser “una cuestión de Estado”.
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